Dinero público en América Latina: bien utilizado terminaría con la pobreza extrema

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acaba de publicar un estudio en el que analiza los presupuestos de los países de la región y advirtió: de no asignar bien el gasto público, se estará hipotecando el futuro de los latinoamericanos.

Según la institución, cada año, la ineficiencia en el gasto de los gobiernos de América Latina y el Caribe genera un despilfarro total de 220.000 millones de dólares, el equivalente a un 4,4% del PBI.

El BID identifica tres grandes fuentes de ineficiencia en todos los países de Latinoamérica y el Caribe: compras públicas -elevando la eficiencia se podría ahorrar el equivalente 1,5% del PBI de la región-, transferencias monetarias a los ciudadanos -muchas veces los receptores no son los que más las necesitan, con lo que se fomenta la desigualdad y se pierde el 1,7% del PBI- y los salarios públicos -los sueldos de los funcionarios representan un porcentaje mayor del presupuesto público total en América Latina y el Caribe (29%) que en la media de la la OCDE (poco más del 24%)-.

Según el BID, los países de América Latina y el Caribe han seguido el camino menos recomendable en la composición de su gasto público. En las tres últimas décadas, los gobiernos del subcontinente han optado por incrementar el gasto corriente -fundamentalmente, gasto social y sueldos y salarios- en detrimento de la inversión, uno de los principales motivos del crecimiento futuro de un país y, por ende, de la calidad de vida de sus ciudadanos.

La entidad revela también que América Latina ha seguido una tendencia común a todo el bloque de países en desarrollo que, a diferencia de lo ocurrido en las economías industrializadas, han disminuido el gasto de capital en favor de uno mucho más cortoplacista.

El informe divulgado por el diario El País de España incluye una encuesta a 5.000 personas. Comprobó que, sistemáticamente, los ciudadanos que menos confianza tienen en el Estado prefieren transferencias directas en lugar de inversiones a largo plazo, que serán más beneficiosas. Un auténtico círculo vicioso en el que los gobiernos se han de ganar la confianza de los ciudadanos gastando en lo que para ellos no es prioritario.

 

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