El Concejo Deliberante de Pinamar aprobó este lunes la emergencia económica, financiera, sanitaria, social, de género y violencia familiar en el municipio. Al cierre del ejercicio 2023, último año de mandato de Martín Yeza tras 8 años de gobierno, el pasivo municipal alcanzó casi 3.500 millones de pesos.
La iniciativa que presentó el Ejecutivo -ahora a cargo de Juan Ibarguren (JxC)- a principios de febrero, solo contó con los votos positivos del oficialismo y La Libertad Avanza. El peronismo, en tanto, rechazó la iniciativa y adjudicó la situación a la “mala administración” de la gestión anterior.
Así, al aprobarse la emergencia, la municipalidad de Pinamar tendrá a su disposición facultades y herramientas para “asegurar la prestación de servicios básicos y enfrentar las urgencias”. De igual forma, se abocará también a abordar “la demanda en materia social, sanitaria, económica, educativa y de desarrollo humano”.
Estado de situación
Cabe recordar que al comienzo del tratamiento del proyecto en plenario de comisiones, las críticas y cuestionamientos llegaron no solo de la oposición, sino también del oficialismo. Incluso el primer proyecto fue calificado de “mamarracho” por propios y extraños.
Según entendieron los concejales, la iniciativa se presentó sin sustento y sin la documentación que acreditara que la situación en la municipalidad de Pinamar motivara la declaración de emergencia. Algunas de estas cuestiones se fueron subsanando con el avance del tratamiento, otras -según recalcó la oposición- no.
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De hecho en la sesión de este lunes y por los requerimientos formales de una declaración de emergencia, el bloque oficialista tuvo que agregar el detalle de la situación financiera del municipio.
Así se conoció que al cierre del ejercicio 2023, el pasivo municipal de Pinamar tras la gestión de Yeza es de casi 3.500 millones de pesos. Ese monto se conforma con una deuda interna consolidada de más de 66 millones de pesos y una deuda flotante acumulada de unos $2.600 millones. Además, se completa con más de $600 millones de deuda extrapresupuestaria.
Con un presupuesto de más de 9 mil millones de pesos ampliado para llegar a los $11 mil millones en 2023, el déficit corriente y financiero alcanzó un 12,1%. Al cierre del ejercicio 2023, el saldo de caja y banco presupuestario en Pinamar arrojó un monto de menos (-) 2.373 millones de pesos.
¿A qué está facultado el Ejecutivo?
Según la declaración de emergencia, y entre otros puntos específicos de cada área, el Ejecutivo local podrá:
- Optimizar los recursos materiales, financieros y humanos.
- Revisar contratos en curso de ejecución, con el fin de recomponerlos de común acuerdo, y de no ser posible proceder a su resolución, caducidad o rescisión.
- Reasignar, readecuar, transferir y ampliar partidas presupuestarias.
- Celebrar convenios de recaudación con instituciones y/o personas jurídicas para facilitar la misma.
- Suspender la vigencia de las afectaciones de fondos dispuestas por ordenanza.
- Aplicar las medidas previstas en la legislación adherida, como así también toda otra que estime conducente al fin de sanear la situación económica-financiera, sanitaria y social municipal.
El intendente Juan Ibarguren solicitó declarar la emergencia económica en Pinamar. (Fotos Ricardo Stinco)
Trabajadores municipales y planta política
En el marco de la emergencia, el Ejecutivo “asegurará el pago en tiempo y forma de los salarios a los empleados municipales”. No obstante, podrá “prescindir de los contratos que no poseen estabilidad administrativa, a los efectos de sanear la situación financiera municipal”.
Asimismo, en caso de ser necesario, se restringirá el otorgamiento de horas extras y no se podrán efectuar nuevas contrataciones de personal. De esto último quedaron exceptuados “los casos vinculados a la prestación de servicios esenciales o situaciones extraordinarias que exijan personal calificado que sea imposible ser cubierto por una búsqueda interna”.
Por otra parte, el Ejecutivo “reducirá su planta política asegurando un mínimo de funcionarios políticos a los efectos de cumplir con las prestación de servicios municipales”. También podrá “congelar los salarios de la planta política en caso de no ser posible hacer frente a la reducción pertinente”.
Por último, se creará una comisión de seguimiento, fiscalización y control de la emergencia que integrarán representantes del Ejecutivo y de cada bloque del Concejo Deliberante. Las decisiones de la misma serán de carácter vinculante.
