A los cientos de militares juzgados y condenados, la justicia argentina sumó ahora a cuatro exjueces federales de la provincia de Mendoza culpables de garantizar la impunidad en decenas de secuestros, torturas y asesinatos cometidos durante la última dictadura cívico militar al no investigar los delitos.

La garantía de impunidad fue la clave de las condenas a prisión perpetua contra Rolando Carrizo, Guillermo Max Petra Recabarren, Otilio Romano y Luis Miret. El tribunal consideró que todos fueron partícipes primarios de los delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983 por otros 21 acusados en el juicio, entre militares y policías que fueron la “mano de obra” de la dictadura.

“Hemos entrado en la historia con un fallo ejemplar a nivel internacional. Creo que después del juicio a los jueces del nazismo no hay otro antecedente en el mundo. Los jueces condenados dijeron a los represores ‘secuestren, aprópiense de niños que nosotros les cubrimos las espaldas sin investigar y archivando las denuncias”, reflejó Pablo Salinas, querellante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) de Mendoza.

La condena ha sido también un avance hacia los responsables civiles del terrorismo de Estado. Si bien los juicios contra los militares avanzaron, los funcionarios que apoyaron a la dictadura lograron evadir durante años a los tribunales. El caso de estos cuatro magistrados es paradigmático.