La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, se refirió el triunfo logrado en el Congreso de su país, al convertir en ley el proyecto de mayor simbolismo para su segunda administración (2014-2018): la despenalización del aborto en caso de riesgo de vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación.
La resolución del Parlamento ha sido catalogada de histórica, porque Chile pertenece al grupo de siete países del mundo que persiguen las interrupciones del embarazo en todas las circunstancias, pero la decisión final la tendrá el Tribunal Constitucional chileno. Según detalla el diario El País de España, tras dos requerimientos de la derecha, que se opone al proyecto, el organismo autónomo deberá estudiar si admite los reclamos. Posteriormente, tendrá un plazo de 10 días para dictar el fallo inapelable.
Hoy las mujeres recuperamos un derecho básico que nunca debimos perder: decidir cuando vivimos momentos de dolor. #YoApoyo3Causales
— Michelle Bachelet (@mbachelet) August 3, 2017
En Chile existía el derecho al aborto terapéutico desde 1931, pero seis meses antes de que terminara la dictadura de Augusto Pinochet, en septiembre de 1989, el régimen dictaminó desde ese entonces que no se podía ejecutar “ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”. Además de que la ley lo prohíbe, también lo persigue: entre 2010 y 2014, hubo 497 imputados por aborto consentido, de acuerdo a la información de la ONG Miles Chile. Del total, un 86% eran mujeres y 14%, hombres.
La iniciativa aprobada pretende despenalizar un pequeño porcentaje de los cerca de 70.000 abortos que se realizan anualmente en Chile, pese a su ilegalidad. Fue un proceso cargado de complejidades, que tuvo entre sus opositores a grupos conservadores y hasta una campaña de los mineros rescatados de la mina San José, pese a que la despenalización del aborto en tres casos es respaldada al menos por un 70% de la población.