La controvertida penitenciaría de Punta Peuco, destinada exclusivamente a exmilitares condenados por violaciones a los derechos humanos en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), alberga a 130 reclusos.

A siete meses de que finalice el gobierno de Michelle Bachelet, el 11 de marzo próximo, el Ejecutivo chileno prepara los detalles para cerrarla definitivamente.

Los internos serían trasladados a una zona especial del penal Colina 1, destinado a presos comunes, en septiembre, un mes cargado de simbolismo para Chile: el día 11 se cumplen 44 años del golpe de Estado de 1973 y el 18 se festejan las fiestas patrias.

El candidato presidencial de la oposición, el expresidente Sebastián Piñera, indicó que el cierre del penal no tiene justificación. Aunque durante su administración (2010-2014) clausuró el centro de detención Cordillera, que albergaba a una decena de violadores de derechos, el empresario señaló: «Es necesaria una cárcel especial para presos de las Fuerzas Armadas».

La decisión ahora le compete exclusivamente a la presidenta Bachelet, que debe firmar un decreto para ejecutar la clausura. «Voy a cumplir todas las promesas que he hecho», indicó la mandataria al ser consultada por el tema.