El diputado provincial Gustavo Pulti denunció penalmente al ministro de Economía Luis Caputo y al titular del BCRA, Santiago Bausili, por el traslado del oro al exterior. Se presentó ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal.
Así, solicitó que se investigue la posible comisión de los delitos de violación de los deberes del funcionario público y malversación de caudales públicos.
“Es inadmisible que el oro de los argentinos se haya sacado del país sin que sepamos dónde está, qué valor tiene lo entregado, qué medidas de seguridad se adoptaron ni qué resultados se esperan. Lo único que sabemos es que Caputo reconoció la operación, pero todo lo demás es un oscuro misterio”, afirmó Pulti.
El legislador también denunció que “el gobierno de Milei toma decisiones reñidas con la Constitución, fuera del marco legal que es exigible para el normal funcionamiento de una república y de muy cuestionable transparencia”.
PAMI restringe el acceso de medicamentos al 100% para jubilados
En esta línea, Pulti agregó que el traslado del oro del BCRA fue acompañado de un “ocultamiento premeditado”. Es que las solicitudes de información fueron negadas en dos oportunidades, primero por la institución y luego a través de la Agencia de Acceso a la Información Pública.
Sin actas ni respaldo
Pulti subrayó que la decisión del traslado no cuenta con actas del directorio del BCRA ni disposiciones administrativas firmadas por las autoridades competentes. “Es la primera vez que se toma conocimiento de una decisión del Banco Central que compromete el oro ahorrado por los argentinos sin el respaldo de un acto administrativo que lo avale. Nadie en Argentina sabe a dónde fue a parar el oro”, expresó.
Pulti presentó una denuncia penal por el traslado del oro del BCRA al exterior.
El diputado también cuestionó los riesgos asociados a esta operación, incluyendo el posible embargo de las reservas en el exterior. Así, advirtió sobre los peligros que implica este nivel de falta de transparencia en una democracia.
“Si seguimos siendo una democracia y no un régimen absolutista al estilo de las monarquías previas a la Revolución Francesa, la Justicia deberá proporcionar, a través de una investigación, la información que los funcionarios se negaron a dar”, concluyó.
