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Con un polémico decreto, Milei avanzó sobre el sistema para designar jueces

Foto del avatar Telégrafo miércoles, 17 junio, 2026

El presidente Javier Milei dispuso una modificación del régimen para la designación de jueces del máximo tribunal del país y de otras autoridades clave del sistema judicial a través del decreto 467/2026. El gobierno eliminó instancias de participación ciudadana previas al envío de pliegos al Congreso y dejó sin efecto recomendaciones vinculadas a la diversidad de género, especialidad y origen regional de los candidatos.

La norma fue firmada también por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y modifica el procedimiento para la designación de jueces del máximo tribunal, del procurador general y del defensor general de la Nación. Entre los cambios introducidos, flexibiliza requisitos y suprime etapas administrativas que regían desde hace más de dos décadas.

 

 

 

Cómo era el mecanismo para designar a los jueces supremos

Hasta ahora, el mecanismo vigente tenía su origen en un decreto firmado en 2003 por el entonces presidente Néstor Kirchner. Esa normativa establecía que, antes del tratamiento parlamentario de las candidaturas, el Ejecutivo debía habilitar una instancia de exposición pública de los postulantes.

En ese marco, “los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos” podían presentar, dentro de un plazo de 15 días, “de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar” sobre los candidatos propuestos.

 

 

Qué derogó Milei con su decreto

Con la entrada en vigor del nuevo decreto de Milei, el procedimiento para designar jueces del máximo tribunal quedó eliminado. También fue derogada la obligación de publicar las candidaturas en diarios de circulación nacional. A partir de ahora, la difusión de los antecedentes de los postulantes se limitará al boletín oficial y al sitio web del Ministerio de Justicia.

Otro de los cambios introducidos por la administración de Milei es la supresión de la recomendación de considerar, “en la medida de lo posible”, que la incorporación de nuevos integrantes permitiera reflejar “las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal”.

El Gobierno argumentó que las modificaciones apuntan a “agilizar” el procedimiento de designación y evitar “duplicaciones” administrativas. Según se desprende de los considerandos del decreto, el escrutinio público ya se encuentra contemplado “en el procedimiento constitucional y reglamentario” del Senado, ámbito en el que “se garantiza la publicidad, participación ciudadana y evaluación pública de los candidatos”.

Sin embargo, el Ejecutivo no difundió fundamentos específicos para justificar la eliminación de los criterios de representatividad vinculados al género, la procedencia territorial y la especialidad jurídica.

 

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Más y nuevos cuestionamientos a Milei

La reforma despertó cuestionamientos entre organizaciones y especialistas. Desde el Colegio Público de la Abogacía de la ciudad de Buenos Aires señalaron que se trata de “un retroceso innecesario” y remarcaron: “La posibilidad de que la sociedad civil pudiera expresar fundadamente apoyos u objeciones antes de la remisión de los pliegos contribuía a enriquecer la decisión presidencial, fortalecer la legitimidad de las designaciones y ampliar la transparencia del proceso”.

Asimismo, la entidad expresó su preocupación por la eliminación de los criterios de diversidad para conformar el máximo órgano judicial del país.

 

 

Por su parte, el doctor en derecho Andrés Gil Domínguez sostuvo que el decreto presidencial “implica una regresión normativa injustificada del derecho a peticionar, participar y deliberar democráticamente”. En un mensaje difundido en redes sociales agregó: “También implica una regresión injustificada del derecho a la no discriminación con motivo u ocasión del género. Y por último impacta en el federalismo como elemento central del Estado constitucional y convencional de derecho argentino”.

Entre las voces críticas también se expresó el diputado Pablo Juliano, de la Unión Cívica Radical, quien afirmó: “con este decreto el Gobierno de Milei busca derogar la autolimitación presidencial y dejar a la ciudadanía afuera de las audiencias de selección de los jueces de la Corte. Quieren una Justicia opaca y de luces apagadas”.

 

 

Un tribunal supremo en decadencia

Actualmente, el máximo tribunal del país debería estar integrado por cinco miembros, aunque desde 2024 funciona con tres, tras una renuncia y el vencimiento del mandato de uno de sus integrantes. Ese mismo año, Milei intentó cubrir las vacantes mediante designaciones por decreto, pero no logró el respaldo necesario del Senado.

Durante 2026, el presidente avanzó con múltiples nombramientos en distintas áreas vinculadas a la administración de justicia. Recientemente, además, protagonizó una controversia luego de retirar el pliego de una candidata a jueza federal por su parentesco con un periodista que investiga presuntos hechos de corrupción en el Gobierno. Pese a ello, el Senado aprobó la postulación, aunque la designación todavía no fue firmada por el mandatario.




 

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