La fiscal general anunció que dejará su cargo el 31 de diciembre y el ministro de Justicia, Germán Garavano, mostró rápidamente la euforia del gobierno. “Era algo que habíamos pedido, valoramos el paso que ha dado la procuradora. El presidente en estos días aceptará la renuncia”, confirmó el funcionario.
El anuncio de dimisión de Alejandra Gils Carbó, deja abierto un cargo clave que fue nombrado durante el kirchnerismo y que Macri no podía destituir sin arriesgarse a un grave conflicto institucional.
El juez federal Julián Ercolini había procesado a la fiscal como coautora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por la compra de un edificio de oficinas para la procuración.