A cambio de una mayor equidad en la distribución de los recursos nacionales, las provincias aceptaron un plan de reducción de gastos e impuestos locales y desistir de 59 juicios contra el gobierno central por 340 mil millones de pesos.

El acuerdo intentará además resolver las complicaciones en el sistema de recursos de la provincia de Buenos Aires, vía el fondo destinado al conurbano, donde residen 15 millones de personas, que desde 1993 se financiaba con parte del impuesto a la renta en detrimento de otras provincias.

El problema de las últimas décadas fue que el fondo nunca recibió todo el dinero acordado y la provincia que ahora conduce María Eugenia Vidal llegó con su reclamo hasta la Corte Suprema por 22.000 millones de dólares. La demanda de Buenos Aires, como las del resto de las provincias, será ahora retirada.

El gobierno bonaerense recibirá 40 mil millones de pesos el año próximo y 65 mil millones en 2019 como actualización del Fondo del Conurbano. El acuerdo insta también a las provincias a aumentar sus impuestos inmobiliarios y a hacer converger la valuación fiscal con la de mercado.

• Impuestos provinciales: Los distritos se comprometen a disminuir sus impuestos por el equivalente al 1,5 por ciento del PBI en cinco años. Para Ingresos Brutos, hay un cronograma de reducciones hacia 2022 según la actividad. Por ejemplo, las mineras tendrán un 1,5 el año próximo, 0,75 en 2019 y a partir de 2020 quedarán exentas. En cambio, la telefonía celular podrá tributar hasta un 7 por ciento el año que viene y bajará a un 5 por ciento en 2022. El acuerdo prevé “desgravar inmediatamente los ingresos provenientes de las actividades de exportación de bienes, excepto las vinculadas con actividades mineras o hidrocarburíferas y sus servicios complementarios” y también quitar impuestos a “los ingresos provenientes de prestaciones de servicios cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior del país”. En tanto, el impuesto de sellos se reducirá a 0,75 por ciento en 2019, a 0,5 en 2020, a 0,25 en 2021 y se eliminará en 2022.
• Impuesto inmobiliario: para compensar las pérdidas que esto producirá en las arcas provinciales, el Gobierno nacional los impulsó a subir el impuesto inmobiliario. Se comprometieron a que “las valuaciones fiscales de los inmuebles converjan en el tiempo a las valuaciones de mercado”. Para esto un organismo federal –que no se especifica– va a avanzar en estos aumentos con la colaboración de las provincias, que deberán entregar todos los datos catastrales que se les soliciten. El documento plantea “fijar alícuotas del Impuesto Inmobiliario en un rango entre 0,5 y 2 del valor fiscal establecido”.