El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, pidió una medida cautelar por la reforma aprobada en el Congreso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Antes, se presentó en la Justicia para que declare la inconstitucionalidad de los cambios en el sistema previsional.

“Las modificaciones aprobadas por el Congreso no sólo van en contra de lo que dice la Constitución, sino que también rompe con los postulados de varios tratados internacionales, por lo que creemos también necesario llevar la discusión a otro nivel”, aseguró Lorenzino.

De esta manera, el organismo le da continuidad al reclamo por los damnificados por los cambios en las jubilaciones, pensiones ordinarias, pensiones no contributivas y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Según argumentaron desde la Defensoría, la presentación ante la Comisión Interamericana tiene que ver con que la reforma “genera una disminución de los ingresos alimentarios, además de la sensible pérdida del poder adquisitivo entre los beneficiarios”.

También se sustenta en el rechazo a la movilidad de haberes según la inflación, y el hecho de que no se reconozca “la garantía del 82% del salario mínimo vital y móvil para los que accedieron a la jubilación por moratoria”.

“Queremos que la Comisión analice la gravedad de los cambios regresivos introducidos a la norma, que vulneran el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley, la movilidad jubilatoria, la no discriminación, el principio de progresividad y el no retroceso en materia de seguridad social, y que producirá daños irreparables para quienes están dentro del sistema previsional”, puntualizó Lorenzino.