Así lo determinó la gobernación bonaerense, según el municipio geselino, sin previo aviso. El gobierno del intendente Barrera asegura que los jubilados deberán viajar ahora hasta Pinamar para realizar sus trámites y los trabajadores trasladarse hasta otras ciudades para poder avanzar con las mediaciones de sus conflictos laborales.

El alquiler de las oficinas ubicadas en Avenida 3 Nº 3538 era solventado por la propia comuna, que detalló haber pagado incluso por adelantado el uso y habilitación del lugar a lo largo de todo el 2018.

El Ejecutivo distrital tenía asignada además una empleada municipal abocada a trabajar a disposición del IPS. Según difundió la comuna, el mantenimiento de la dependencia tampoco insumía gastos ni de electricidad ni en internet, ya que ambos servicios eran provistos sin costos por las empresas locales Cevige y Gesatel.

Por si fuera poco, el Área de Inspección de la Secretería de Planeamiento debió labrar un acta de infracción por incumplimiento de la ordenanza 2160 a los responsables de las áreas provinciales. Luego de vaciar las oficinas en pocas horas, los representantes del gobierno bonaerense a cargo de la mudanza, dejaron residuos como cajas y material plástico tirados en la vía pública.

“Esta medida representa un retroceso a la misión de estos organismos provinciales que incluye atender a la ciudadanía con cercanía facilitando el acceso universal, a fin de garantizar el ejercicio de derechos y obligaciones laborales y previsionales” consideraron desde el gobierno local en una misiva de prensa.