La problemática de la venta ambulante en Pinamar se proyecta como un tema que estará presente durante este año en la agenda legislativa. En el marco de las denuncias cruzadas durante la temporada de verano, el debate siguió este miércoles en comisiones donde se formó un expediente para convocar a los funcionarios del área.

El conflicto se originó a principio de año cuando un grupo de vendedores ambulantes en playa denunció que desde el área de Fiscalización se les estaba solicitando dinero, por fuera de la normativa legal, para obtener los permisos. En aquel entonces se sindicó al titular del área, Pablo Bartozzi.

La reacción del Ejecutivo ante la polémica fue realizar una denuncia penal por cohecho. La información la proporcionó el intendente Martín Yeza por las redes sociales, pero lo que en principio parecía una rápida decisión por un grave hecho en la gestión pública, pronto se diluyó: el denunciado resultó ser un empleado municipal y no el funcionario.

Las denuncias de los vendedores ambulantes continuaron y aseguraron que sufren una persecución por parte del Gobierno de Pinamar. Las irregularidades planteadas no se circunscribieron solo al Concejo Deliberante, sino que los trabajadores llevaron la situación también a la Justicia. La respuesta de la gestión fue un anuncio en caliente: Yeza aseguró que enviaría al Deliberativo un proyecto para directamente prohibir la venta ambulante.

Ante las diferentes posturas, esta semana –al retomarse la actividad normal de las comisiones- el debate se volvió a instalar. Desde Propin propusieron convocar a los funcionarios para que expliquen el funcionamiento de la venta ambulante en la temporada, mientras que desde el Frente para la Victoria enfatizaron en la “falta transparencia en el proceso administrativo del otorgamiento de los permisos”, lo que además “repercute en la recaudación”.

Finalmente se decidió la apertura de un expediente y convocar a los funcionarios actuantes en la entrega de permisos, y por otro lado a los vendedores denunciantes.