El primero es la regularización de trabajadores no registrados con una “indulgencia” a las empresas que los tenían en negro. El segundo, la creación de Prácticas Formativas para estudiantes por un plazo de un año, con un estipendio no remunerativo y posibilidad de contratación. El último refiere a la creación de una Agencia de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET) que determinará qué enfermedades laborales o tratamientos podrán ser cubiertos por las obras sociales y el Programa Médico Obligatorio.

En octubre pasado, el acuerdo fue considerado un avance del diálogo entre la CGT y el gobierno, pero inmediatamente surgieron varias fisuras. Con el camionero Pablo Moyano a la cabeza, varios dirigentes denunciaron que esas iniciativas iban a contramano de derechos laborales adquiridos y cuestionaron duramente al triunvirato. Al cabo de los meses, esa conducción quedó desautorizada y las consecuencias ya son predecibles. Desde un comienzo las dos CTA también habían expresado su rechazo.

La intención del oficialismo es comenzar a tratar los proyectos en las comisiones de la Cámara alta a partir de la semana próxima.

Respecto del blanqueo de trabajadores no registrados, el texto propone la extinción de la acción penal y liberación de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza a los empleadores que regularicen a sus trabajadores.

De este modo se bajará a los empresarios del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal) siempre y cuando formalicen en blanqueo en el plazo de un año desde el momento de la reglamentación de la ley. El problema es que para que esto ocurra, el trabajador deberá “renunciar a toda acción y derecho” contra su empleador por los años que lo tuvo sin registrar.