La diputada marplatense Fernanda Raverta presentó un proyecto de ley de Respuesta integral al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), las Hepatitis Virales y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). La iniciativa destaca la necesidad de que las políticas públicas den respuesta a la comunidad, y en especial a las personas afectadas sobre su atención y tratamiento.
Entre otras cuestiones, se propone asegurar la distribución de los medicamentos e insumos necesarios para la prevención, atención y tratamiento de manera oportuna, gratuita y en respeto de los derechos de las personas con VIH, Hepatitis virales y ITS. También persigue la sostenibilidad de los programas de provisión gratuita de medicamentos e insumos.
Raverta sostuo que con este proyecto “se están ampliando derechos para toda la comunidad, ya que se promueve la implementación activa de las políticas públicas en relación a este tema”. Asimismo destacó que el proyecto “es el producto de la construcción intersectorial entre organizaciones gubernamentales, redes de personas viviendo con VIH y la sociedad civil”.
Se trata de entidades que hoy integran el Frente Nacional por la Salud de las Personas viviendo con VIH, y según destacó la legisladora, la propuesta “representa el resultado de dos años de trabajo productivo y enriquecedor tendiente a posibilitar la reforma de la ley 23.798”.
De aprobarse, la ley implicará un salto superador a la actual ley de SIDA sancionada en 1990 y que quedó obsoleta, ya que declara de interés público nacional la respuesta integral a la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), las Hepatitis Virales y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).
También establece la obligación de desarrollar políticas públicas sobre los determinantes sociales de las enfermedades, atendiendo así las distintas vulnerabilidades de aquellos que viven con VIH. Además cuenta con la participación de la sociedad civil en el diseño de políticas públicas de VIH a través de la conformación de una Comisión Nacional, integrada de manera intersectorial e interministerial.
Por último, reconoce y obliga al estado a desarrollar políticas específicas para aquellos niñas, niños y adolescentes que nacieron con VIH y establece los principios del diagnóstico: confidencial, voluntaria con consentimiento informado, gratuita y universal, con la obligatoriedad del asesoramiento pre y post test, y la vinculación con el sistema de salud.
