Los concejales del bloque Propin presentaron una denuncia penal contra el director de Fiscalización de Pinamar Pablo Bertozzi y el subsecretario del área, Sebastián Manrique, por la posible comisión de delitos de acción pública. Se los acusa de no controlar al menos dos chiringos clandestinos que resultaron ser de amigos y familiares de los funcionarios en cuestión.
La problemática se remonta al verano y se suma a hechos ya denunciados. Es que a comienzos de la temporada, los vendedores ambulantes de playa ya habían advertido de supuestos pedidos de coimas para poder trabajar: apuntaron directamente a Bertozzi y si bien el Ejecutivo se hizo eco, la denuncia recayó en un empleado municipal de menor rango.
Ahora, Propin aseguró que los funcionarios que responden al intendente Martín Yeza habrían hecho la vista gorda en dos emprendimientos ilegales que pertenecerían a un amigo de Bertozzi –cuya relación se documentó a través de interacciones en las redes sociales- y al padre de Manrique.
Ambos “chiringos” estaban montados en playas de la localidad de Cariló y se mantuvieron durante el verano a pesar de que “se encontraban en funcionamiento de manera absolutamente antirreglamentaria e irregular”, de acuerdo a la presentación judicial. “Su construcción resultaba ser totalmente precaria, sumado a que se encontraban en espacio público y a la vista de todos”, agregaron.
Los concejales opositores remarcaron que ante la falta de fiscalización de parte del municipio de Pinamar, fue el Concejo Deliberante el que advirtió la situación para que intervengan. No obstante, siempre según la denuncia, “el procedimiento llevado a cabo por el área de Fiscalización resultó ser totalmente irregular”, dado que “en ningún caso se procedió al decomiso, colocación de faja de clausura ni se intimó a su desarme (…) sino que se solicitó el corrimiento del emplazamiento al espacio privado”.
En cuanto a la supuesta connivencia de los funcionarios, desde Propin resaltaron que uno de los bares de playa clandestinos pertenece a Demiford SA, cuyo apoderado es Marcelo Manrique, padre del subsecretario de Fiscalización.
El otro “chiringo” instalado de manera clandestina, en tanto, sería propiedad de Matías Astrada, quien mantendría una relación de amistad con Bertozzi e incluso “ha participado en la campaña política” del partido de Gobierno, según se desprende de material aportado en la causa.
“Claramente podemos advertir que efectivamente se está beneficiando en ambos casos intereses de particulares, en perjuicio de los intereses del Estado”, sentenciaron desde Propin. Por eso, solicitaron a la autoridad judicial competente que investigue la posible comisión de delitos de acción pública.
