A través de un decreto que lleva la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el gobierno de Mauricio Macri quiere recuperar al menos una parte del dinero que habría circulado entre exaltos funcionarios del kirchnerismo y empresarios con contratos con el Estado en la ya famosa causa denominada “los cuadernos de la corrupción”.
La mayor trama de sobornos jamás descubierta en Argentina, tiene 14 detenidos, 43 imputados y 12 arrepentidos, entre ellos, el primo del Presidente de la Nación, Ángelo Calcaterra. Macri habló este jueves en la apertura del encuentro anual de la Asociación Empresaria Argentina y afirmó: «No tengo pensado hipotecar mi Gobierno ni el futuro de los argentinos para defender a nadie que actúe fuera de la ley».
Macri al hablar en la apertura del encuentro anual de la Asociación Empresaria Argentina, este jueves. (Foto Presidencia de la Nación)
El juez Claudio Bonadio, a cargo de la investigación iniciada a partir de los textos apuntados durante diez años por un chófer del poder, estimó en 200 millones de dólares el dinero negro movido por la red.
El premio será de hasta un 5% del dinero recuperado, según la importancia del aporte del testigo, con un máximo de 2 millones de pesos, equivalentes a 66.000 dólares.
Firmamos una resolución para darle una recompensa a quienes aporten datos que permitan recuperar el dinero de la corrupción.
Que todo ese dinero vuelva a la gente, a obras, escuelas, equipamiento policial. La plata de la gente vuelve a la gente. pic.twitter.com/i33VH6jktM— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 16, 2018
Bonadio no ha logrado dar con un solo billete, pese a la declaración de los empresarios que negociaron su libertad temporal a cambio de contar todo lo que saben. La recompensa intentará al menos seducir a cualquiera que tenga datos ciertos, siempre que no esté involucrado en la investigación.
La normativa, que se basó en una ley de 2010 que regula el pago de recompensas en causas judiciales, no se pensó para este tipo de delitos, pero dejó abierta una puerta en su último párrafo. La recompensa, dice, podrá aplicarse a “todos aquellos delitos que, por su gravedad o complejidad, justifiquen la recompensa para el suministro de información».
