Así lo afirmó Dubravka Simonovic, funcionaria de Naciones Unidas en el área que trata la violencia contra la mujer, que visitó el país por siete días y denunció la falta de implementación del protocolo sobre el aborto no punible en dos de cada tres provincias argentinas, lo que supone una «violación de los derechos humanos» debido a que «contribuye a la alta tasa de mortalidad materna» en el país.

Simonovic le exigió al gobierno de Mauricio Macri que haga cumplir el protocolo existente en el país e impulse un proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

Las mujeres que deciden interrumpir su embarazo fuera de los supuestos legales se enfrentan a un proceso penal, pero incluso las que tienen reconocido el derecho por un fallo de la Corte Suprema, -que indica que abortar en Argentina es legal en el caso de una violación o si el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la madre-, deben superar numerosos obstáculos, como la falta de información, la ausencia de protocolos y hasta la objeción de conciencia de los médicos.

La relatora de la ONU brindó una rueda de prensa en la que instó también al Ejecutivo a facilitar el acceso del sexo femenino «a la atención post aborto».

Según cifras no oficiales, cerca de 80.000 mujeres son hospitalizadas anualmente por complicaciones derivadas de abortos inseguros y un centenar mueren por este motivo, que es la principal causa de mortalidad materna en Argentina.

Por si fuera poco, Simonovic pidió al Ministerio de Salud de la Nación que difunda información sobre los hospitales que practican abortos legales y exija «una justificación estricta para evitar el uso generalizado de la objeción de conciencia por parte de los médicos que se niegan a realizar abortos, considerando en particular la situación de los embarazos recientes como resultado de la violación o el incesto, que puede ser considerado como una tortura».