El juez federal Claudio Bonadío avanzó con el procesamiento a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, al acusarla de liderar una asociación ilícita que recaudaba fondos provenientes de empresas contratistas del Estado. Por el momento no se pidió formalmente el desafuero de la senadora.

La decisión del magistrado no sorprendió ya que es la hipótesis que maneja desde el inicio de la investigación, cuando se revelaron las anotaciones tomadas por Oscar Centeno, el exchofer de Roberto Baratta. El exfuncionario del Ministerio de Planificación también fue procesado junto a quien era su titular, Julio de Vido.

En el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, a Cristina Fernández se le imputa haber estado al frente de una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, que recibían sumas de dinero ilegítimas por parte de particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional.

Según señalaron los medios nacionales, Bonadío dejó pendiente el pedido de desafuero, a la espera de que el procesamiento se homologue por la Cámara Federal de Apelaciones. No obstante, le trabó un embargo a la expresidente por 4 mil millones de pesos.