Droga, juego clandestino y prostitución: ocho jefes de la policía bonaerense presos
Fueron detenidos en el marco de una investigación del fiscal Marcelo Martini en la que están acusados de cobrar sobornos al permitir la realización de diversas actividades ilícitas. La causa se inició por la aparición en la Jefatura Departamental de La Plata de 36 sobres numerados con 153.700 pesos en total.
El 1 de abril pasado, una denuncia anónima advirtió a Asuntos Internos que el extitular de la Jefatura Departamental a cargo de las investigaciones en la capital bonaerense, Darío Camerini, recaudaba alrededor de 200.000 pesos por mes de coimas. Un procedimiento en la Jefatura Departamental logró dar con los sobres y en cada uno de ellos estaba escrito de qué repartición provenían.
Martini comunicó al Ministerio de Seguridad bonaerense los pedidos de detención ordenados por la jueza de Garantías platense Marcela Garmendia y personal de Asuntos Internos provincial se encargó de los arrestos. Los jueces Carlos Silva Acevedo, Alejandro Villordo y Carlos Argüero, imputaron por unanimidad a los jefes policiales el delito de “asociación ilícita”, acusados de recaudar dinero ilegal de la droga, el juego clandestino y la prostitución.
Los involucrados además de Camerini son su exsegundo jefe, Roberto Carballo; el exsecretario, Walter Skramowskyj, y el exjefe de Calle, Ariel Huck, quienes se entregaron por su cuenta. En tanto, los exjefes de la comisaría 3ra., Sebastián Cuenca; de la 12a., Raúl Frare; de la 16ta., Federico Máximo Jurado, y de la 2da., Sebastián Velázquez fueron detenidos en sus respectivos domicilios. Hasta este miércoles por la noche, faltaba detener a un involucrado más, el exjefe de la seccional 6ta. Julio Sáenz.
“Detecté a dos comerciantes que hicieron la denuncia correspondiente, un supermercado chino y una remisería, a los cuales les pedían dinero sistemáticamente para brindar seguridad. El destino de los fondos no se sabe pero evidentemente forma parte de una asociación ilícita para beneficio de ellos” explicó el fiscal. Para el funcionario, las sumas de dinero exigidas “con el fin de despojar a la persona en provecho de su patrimonio, fueron obtenidas valiéndose del temor funcional, que reviste el cargo policial”.