En sesión y por mayoría, los concejales de Villa Gesell volvieron a convalidar dos ordenanzas que habían sido vetadas por el intendente Gustavo Barrera y otorgaron así una promulgación inmediata. Hubo intensos debates y cruces varios entre los ediles oficialistas y opositores.

Una de las normas es la vinculada al comercio minorista, la cual establece una zona de protección dentro de la cual no es posible otorgar una nueva habilitación a un local de idénticas y/o similares características a otro ya existente. La legislación, iniciativa del bloque UNA, había sido sancionada por mayoría, con el rechazo del oficialismo, a principios de noviembre. No obstante, hace poco más de una semana el Ejecutivo decidió vetar lo aprobado al considerar que no hay “hechos y circunstancias que permitan observar que existiese un interés estatal urgente que avale una medida semejante”.

El arco opositor no se quedó quieto y promovió una nueva sesión para convalidar la ordenanza y darla por promulgada. Esto sucedió este lunes y los cruces no se hicieron esperar. Uno de los más duros fue el concejal Antonio Luna, radical en el frente Cambiemos, quien no se anduvo con vueltas: aseguró que el veto de Barrera estaba fundamentado en la necesidad de habilitar un supermercado a 90 metros de otro, por ser propiedad de la familia de la edil oficialista Florencia de Cabo. Incluso recalcó que ya se le había otorgado la habilitación, a pesar de que el edificio aún se encuentra en construcción. La concejal asumió la vinculación, pero señaló que su rechazo a la norma tenía otro sustento. De todas formas, se ausentó durante la votación que ratificó la legislación por 13 votos contra 2.

Por otra parte, el Cuerpo también volvió a aprobar la norma que otorga beneficios fiscales a propietarios de grandes parcelas -mayores a 2500 metros cuadrados- que también había vetado el intendente Barrera. En este punto, vale mencionar que la acusación había sido a la inversa. El Ejecutivo aseguró que hubo “intereses” particulares de “algunos concejales” al momento de sancionar la norma. Más allá de esta apreciación, la mayoría del Cuerpo optó por sancionar la ordenanza que también entrará en vigencia, a menos que la gestión municipal recurra a la Justicia.