Un decreto de Mauricio Macri autoriza a los argentinos que viven en el exterior a enviar su voto por correo postal.
La normativa, publicada el 14 de enero, estipula que “el elector deberá ejercer su derecho al voto marcando la agrupación política de su preferencia e introducir la boleta oficial en el sobre de resguardo del voto, cerrándolo de forma que asegure su secreto”.
A continuación, especifica: “Ese sobre deberá introducirlo en el sobre de devolución que tendrá impreso el domicilio de la representación diplomática o consular a la que irá dirigido, junto a la declaración jurada de identidad suscripta”.
Según lo dispuesto por el poder Ejecutivo, el siguiente paso es enviar, “en un breve plazo”, ese sobre por correo postal a la representación correspondiente, “teniendo en cuenta que deberá ser recibido por ésas, a más tardar el miércoles anterior a la jornada electoral a llevarse a cabo en Argentina”.
Los exdiplomáticos recordaron las dudas nunca resueltas en la elección del presidente Bush en Estados Unidos en el año 2000.
Conocida la noticia, un grupo de embajadores retirados advirtió sobre el riesgo de fraude electoral. En una manifestación conjunta, afirmaron que “esta norma, so pretexto de reglamentar la ley 24.007 de voto en el exterior, es claramente inconstitucional, al habilitar un mecanismo no contemplado en la ley que crea el Registro de Electores residentes en el extranjero”.
Juan Carlos Olima, José Gutiérrez Maxwell, Federico Mirré, Victorio Taccetti y Hernán Patiño Mayer, firmaron el texto en el que especificaron que “se prepara un procedimiento incontrolable para aplicar a la masa de votantes, más de 300 mil argentinos, registrados en las representaciones consulares de la República”.
Los exembajadores citaron al experto en seguridad informática Ariel Garbarz y señalaron que se trata de un “mecanismo ambiguo que hace imposible el control efectivo de la legitimidad del voto y la identidad de quien lo emite”.
En diálogo con el diario Página 12, Taccetti consideró que “permitir el voto por correo significa que hay más de 300 mil votos que van a quedar en el aire”.
“Es un mecanismo para hacer fraude, totalmente inconstitucional, porque establece por decreto un procedimiento que no existe en el marco de la ley”, aseguró al matutino porteño, al tiempo que explicó que “el organismo sólo puede fiscalizar los votos presenciales en el consulado”.
Según el exfuncionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, el máximo problema es que “no hay forma de corroborar que quien manda el sobre es quien dice ser porque no hay garantías sobre la identidad”.
