A partir de los cambios introducidos en los contratos de Participación Público Privada (PPP) de las concesiones de los corredores viales, las empresas ya no se harán cargo de los servicios de primeros auxilios sanitarios y de extinción de incendios, sino que deberán hacer los municipios. Para la Defensoría del Pueblo, esto traerá un impacto negativo para todos los bonaerenses.

Según remarcaron desde el organismo que conduce Guido Lorenzino, la nueva disposición determinó que, en caso de un siniestro en la ruta, “serán los municipios en los que se produzca el hecho los que deban hacerse cargo de los servicios de emergencias que antes le correspondía a las empresas, lo que tendrá un claro impacto en las finanzas comunales”.

“Los municipios deberán enfrentar estos gastos, por lo que estamos ante una transferencia indirecta a los bonaerenses. Muestra la decisión del gobierno nacional de no proteger a la gente y sí garantizarle los negocios a las empresas”, sostuvo Lorenzino.

Desde la Defensoría detallaron que esta medida alcanzará a los corredores viales A (rutas nacionales 3 y 226); B (RN 5); C (RN 7); E (rutas nacionales 193 y 9); 2 (RN 188); 8 (RN 8); 18 (RN 12); y Sur (rutas nacionales 3 y 205).

Ante este escenario, el organismo envió notas a todos los municipios afectados y expresó su preocupación por “el efecto que tendrá en la calidad de prestación de los servicios de salud y bomberos ante eventuales accidentes, además del costo que demandará estas prestaciones”.

Asimismo, Lorenzino no descartó presentarse ante la Justicia para que se revea esta situación que “golpea a los municipios y afecta a los ciudadanos”. “Pareciera que la única política del gobierno es ir en contra de los usuarios”, concluyó el Defensor del Pueblo.