En la audiencia pública por el incremento de las tarifas del gas que se desarrolló este martes en el Centro Metropolitano de Diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las empresas distribuidoras de gas le pidieron al gobierno autorización para elevar hasta un 35,6% las tarifas de gas para los usuarios residenciales, comerciales e industriales.
El nuevo aumento será analizado por el Enargas y a fines de marzo podría haber definiciones: de aprobarse comenzaría a regir a partir de abril, promediaría el 35% y se sumaría a los incrementos del año pasado, dando en total una suba de más del 70% en menos de un año.
La Defensoría del Pueblo de la Nación estuvo presente en la audiencia y dejó su postura en claro: “No podemos someter a los usuarios a nuevos incrementos tarifarios ni puede suponerse que los mismos están en condiciones de soportar el pago de tarifas superiores a las vigentes”, argumentaron desde el organismo.
En ese sentido, agregaron: “Para definir incrementos tarifarios deben contemplarse circunstancias sociales, políticas y económicas del país, ya que entre Estado, prestadores y usuarios existen relaciones básicas que deben ser resguardadas en su justo equilibrio y los usuarios hoy son los que están en mayor desventaja”.
Mariana Grosso, Jefa del Área de Servicios Públicos del Defensor del Pueblo nacional, explicó algunos pormenores de la situación y reparó: “Existen diferencias entre el valor del gas que declaran las distribuidoras y el precio de la subasta, por lo que no se sabe cuál es el precio que se va a trasladar a la tarifa. No se justifica que las distribuidoras aleguen sus compras por fuera de la subasta, en un mecanismo poco claro”, sentenció.
“En cuanto al mecanismo de actualización semestral, no pueden autorizarse los incrementos pretendidos por las distribuidoras, no pueden trasladarse los costos no reconocidos. Existiendo recursos contra los cuadros tarifarios de octubre de 2018, solicitamos al ENARGAS que debe resolver los recursos de manera tal que no exista posibilidad de un nuevo incremento y mucho menos en forma retroactiva”, recordó Grosso, para más detalles.
En esa línea, la representante de la Defenosría cerró: “El ENARGAS debe realizar una adecuada evaluación que permita ponderar el impacto en las economías familiares, que no se limite al conjunto de asalariados, sino que consideren niveles de actividad, salarios y jubilaciones entre otras cuestiones”.
Tarifa social
Al respecto de los más perjudicados en el acceso al gas, ya sea de red o envasado, La Defensoría del Pueblo aseguró en su exposición que “debe mantenerse el esquema de bonificación del 100% del consumo del gas, ya que se realizaron modificaciones que afectaron negativamente a los beneficiarios”.
“Hay un sector que no puede afrontar el pago del gas natural. En el Programa Hogar recientemente se incrementó el precio de la garrafa, no así el subsidio a los beneficiarios. Este afecta a quienes no poseen red de gas natural y se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Solicitamos que se incremente el monto del subsidio para todos los beneficiarios”, pidieron desde el organismo.
