La diputada provincial por la Quinta Sección electoral Alejandra Martínez, solicitó al Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires que reglamente la Ley de Paridad de Género, con el objetivo de “hacer auténtico y efectivo” su cumplimiento en las próximas elecciones.
La normativa que aplica en las listas de candidatos en territorio bonaerense fue sancionada en octubre de 2016 y aplicada por primera vez en los comicios legislativos de 2017. No obstante, la Junta Electoral eximió a algunas agrupaciones de la obligación de intercalar mujeres y varones en forma secuencial y alternada en las elecciones generales. En este sentido, la reglamentación de la ley garantizaría su cumplimiento sin excepciones.
Al argumentar sobre su pedido, la presidente del bloque Frente Amplio Justicialista aseguró que “es preciso contar con la voluntad política de producir medidas que impliquen transformaciones, donde la paridad y la igualdad sustantiva, sean la meta de un Estado inclusivo”.
“Esta iniciativa busca fomentar la real participación de las mujeres a partir del rol que ocuparán en los espacios de influencia desde donde podrán aportar su capacidad y mirada”, añadió la diputada provincial.
Respecto a la consecuencias de la falta de reglamentación, Martínez comentó que “el 50% que exige la ley aún está lejos”, aunque destacó que “se avanzó mucho”. Para graficar esto, la legisladora señaló que tras la aplicación de la normativa “la representación de mujeres en la Cámara de Diputados y en el Senado bonaerense pasó del 25% y el 24%, respectivamente, al 35% del total de legisladores”.
A su vez, remarcó que “en los concejos deliberantes de los 135 partidos esa participación aumentó, en promedio, del 33% al 40% y prácticamente no quedan municipios donde las concejalas representen menos del 30% del cuerpo legislativo”.
Sin embargo, la diputada cuestionó que “en la provincia de Buenos Aires, los partidos políticos buscan maneras de evadir la paridad porque implica una redistribución del poder”. “Por eso es fundamental el modo en que reaccione la autoridad de aplicación para que la ley funcione”, culminó.
