Así lo dictaminó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a través de una resolución firmada por su titular, Germán Garavano. La emergencia en materia penitenciaria regirá por tres años, mientras se elaboran políticas para resolver el déficit habitacional en las prisiones federales.

Para esto último, la cartera estableció la creación de una comisión especial. El objetivo es «mejorar las condiciones de privación de la libertad” e instrumentar medidas alternativas al encarcelamiento.

Datos oficiales del Servicio Penitenciario Federal (SPF) indican que en marzo la población en las cárceles era de 13.773 internos, lo que significa unos 1.400 más respecto de la capacidad de alojamiento.

Es que según el Gobierno de “las políticas exitosas de seguridad pública y, consecuentemente, de persecución del delito para combatir la inseguridad ciudadana y el crimen organizado” han llevado a la superpoblación carcelaria. De hecho, la resolución de Garavano señala que está previsto que la cifra continúe «incrementándose sustancialmente durante el año en curso”.

Por otra parte, desde el Ministerio remarcaron que aunque en los últimos años “se ha registrado un descenso en los porcentajes de personas sin condena alojadas en establecimientos penitenciarios federales”, el 57% de los internos se encuentra en esta situación.