La Cámara de Diputados de la Nación aprobó, por 148 votos a favor y 69 en contra, la reforma a la ley de financiamiento político que contempla la bancarización de los aportes de campaña y otorga a las empresas la posibilidad de financiar a los partidos políticos tanto de manera institucional como durante épocas lectorales.

La iniciativa tratada y aprobada este miércoles propuso la modificación de las leyes 26.215 (financiamiento de los partidos políticos) y 19.945 (Código Electoral Nacional). El proyecto fue impulsado por Cambiemos y acompañado además por el bloque Justicialista y el Frente Renovador.

Por otra parte, tanto el kirchnerismo como el Frente de Izquierda y el interbloque de Felipe Solá se inclinaron por rechazar la reforma. Si bien la diputada Elisa Carrió votó a favor en general, rechazó el artículo que habilita a las empresas a realizar aportes de campaña.

El legislador del Pro Pablo Tonelli auspició de vocero del oficialismo y aseguró que el propósito de las modificaciones es “mejorar e incrementar la transparencia en el financiamiento electoral”. Por su parte, el radical Diego Mestre -presidente de la comisión de Justicia- entendió que la ley “ayuda a fortalecer las instituciones”.

Al argumentar sobre el rechazo, la diputada Gabriela Cerruti (FpV-PJ) cuestionó el proyecto al entender que el eje del debate es “si la política va a ser dominada por la elección de los ciudadanos o por la influencia económica de las grandes empresas”.

El jefe de bloque del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, recordó que la modificación a la ley de financiamiento de los partidos de 2009 “fue un avance importante” y entendió que la propuesta en tratamiento “implica un fuerte retroceso en la participación del Estado”.

Según Rossi, la reforma “hace al sistema menos igualitario, habilita la participación de las empresas, y todo ello genera un claro desequilibrio”. “No creemos que legalizar el financiamiento privado implique mayor transparencia, y así lo demuestran las diversas experiencias de distintos países del mundo”, agregó.

El proyecto aprobado en general establece otras modificaciones en relación a las campañas electorales como una reducción del 10 al 5% del total del espacio disponible el aporte que los medios audiovisuales hacen en las campañas y se atribuyó a la Cámara Electoral el control de la publicidad digital.

Las encuestadoras también son alcanzadas ya que deberán inscribirse en un registro e informar quién las contrata y cuánto facturan por sus trabajos.

Asimismo, el texto incrementa el aporte que el Estado debe hacer a los partidos políticos para la impresión de boletas y establece el control y auditoría que la Cámara Electoral debe realizar sobre los informes de los partidos políticos, vinculados a sus gastos de campaña y a sus balances.