Millonaria estafa de funcionarios bonaerenses a través de falsas compras de combustible

Tras varios allanamientos, la Policía bonaerense desarticuló una banda integrada por funcionarios y personal jerárquico de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia, que al menos desde 2014 desvió fondos por entre 250 mil y un millón de pesos semanales. Hay dos detenidos, pero se investiga al menos a otras siete personas.

Según informaron desde el ministerio de Seguridad que conduce Cristian Ritondo, durante la investigación iniciada en el mes de abril se pudo comprobar que funcionarios y empleados de la administración pública provincial –pertenecientes a la DGCyE- desviaban periódicamente fondos públicos a partir de falsas compras de combustibles para vehículos oficiales.

Para los pesquisas, esas operaciones no podrían ser realizadas sin el aval de los responsables del área, ya que se debían presentar comprobantes y rendir gastos. Ante eso, la investigación recayó, entre otras personas, sobre el Director de Servicios Generales; el Sub Director de Transporte Terrestre; el Jefe de Movilidad y el coordinador del área de Combustibles, todos ellos funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación.

Por el momento, los detenidos son dos hombres de 47 y 57 años, ambos con cargos de jefes de departamento dentro de la cartera educativa provincial, quienes quedaron a disposición de la justicia acusados de “asociación ilícita y malversación de caudales públicos”.

Los allanamientos, coordinados por efectivos de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado, se realizaron en La Plata, Berisso y Ensenada. A partir de los mismos, la policía incautó importantes elementos para la causa: un yate, un motor home, cuatriciclos, motos de agua,  motos de alta cilindrada y automóviles, entre ellos varios de alta gama, y un arma.

Se secuestró hasta un yate a los implicados.

La causa se inició en abril pasado cuando la policía detuvo a un hombre -playero de una estación de servicio- cuando circulaba por la ruta 36 y calle 44. En su poder se decomisó dinero en efectivo y varias tarjetas de débito pertenecientes a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

Luego de esa captura, el encargado de la estación Axion ubicada en 44 y 31 -donde también trabajaba el sujeto detenido horas antes- se suicidó en el baño de ese comercio. Ante la sospecha que desde allí se realizaban  maniobras fraudulentas, se inició una investigación.

De esa manera se descubrió la existencia de una asociación ilícita conformada por funcionarios y empleados públicos con cargos jerárquicos que desviaba fondos con compras falsas de combustible con tarjetas de débito.

Incluso se pudo saber que varias de las tarjetas correspondían a autos que estaban en desuso, ya que no  habían sido dados de baja y se encontraban guardados en galpones. Por lo tanto seguían utilizando el combustible y repuestos para los mismos.

Las personas implicadas, desde los cargos que ocupaban, eran las encargadas de administrar, entregar y controlar el normal funcionamiento de las tarjetas desde donde se desviaban los fondos. Para la justicia, esos hechos fueron practicados aproximadamente desde 2014, en forma organizada y planeada, con distribución de roles.

Las tarjetas de débito utilizadas.

Cabe destacar que la Dirección de Escuelas bonaerense intervino la Dirección de servicios generales y la subdirección de transporte terrestre, separó de sus cargos a los funcionarios involucrados e inició sumarios administrativos correspondientes.

Asimismo se estima que los montos provenientes del erario provincial para dichas tarjetas ascendían en forma semanal desde 250.000 a 1.000.000 de pesos. Es tanta la cantidad de dinero en esta estafa al gobierno provincial que el fiscal del caso solicitó se embarguen los bienes de los investigados, hasta tanto se compruebe el monto total sustraído.

Al respecto Ritondo, destacó “el trabajo llevado adelante por el personal policial en esta investigación que permitió desarmar esta banda delictiva que venía estafando al Estado provincial y de esta forma a los ciudadanos de la Provincia”.

La causa interviene en la UFI N° 16, a cargo de Juan Cruz Condomí Alcorta; y el Juzgador de Garantías N° 5, cuya titular es Marcela Garmendia, perteneciente al Departamento Judicial La Plata.

 

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