Cariló en alerta: reclamo al municipio por incumplir la ley de paisaje protegido

Entre los vecinos y residentes habituales de Cariló, por estos días, hay mucha preocupación. Una serie de operaciones de la municipalidad de Pinamar, que derribó varios pinos lindantes a diversas aceras de la localidad, puso en alerta a la comunidad.

Las acciones formales ante el gobierno de Yeza ya se iniciaron. Según confirmó Maximiliano Macaluse, abogado especialista en derecho ambiental e integrante del consejo asesor de paisaje protegido, en representación de la Fundación Cariló, la organización elevó un pedido por la suspensión de la aplicación de la ordenanza 5289/18.

La solicitud es unánime: forman parte todas las organizaciones y entidades existentes en la localidad, desde la sociedad de fomento, el Foro Amigos de Cariló, la Cámara de Turismo de Cariló y la filial de la Asociación Empresaria y Gastronómica de Pinamar, hasta el Centro de Arquitectos, Agrimensores e Ingenieros del partido de Pinamar (CAAIP).

En diálogo con Telégrafo, Macaluse reparó que esa ordenanza, sancionada en octubre de 2018, “se aprobó con la idea de darle solución a la problemática del desagüe pluvial” y pide su suspensión “hasta tener una reglamentación clara en torno al cuidado de los paisajes protegidos que contemple la situación especial de Cariló”.

 

 

Los inconvenientes surgieron a partir del hallazgo de diversos pinos derribados al borde de las calles y de una campaña de la municipalidad con advertencias a los propietarios sobre la necesidad de despejar el frente municipal “de todo cerco, sea natural o artificial, y de cualquier especie arbórea y de cualquier magnitud”.

Macaluse describió que el tema, desde el vamos, no arrancó bien por el lado del municipio: “Sacaron intimaciones para todos los propietarios con falta de información, hubo instancias de falta de respeto, con confusión de términos, un mensaje de podá todo, sacá todo” contó el abogado.

“Cuando hablamos de cercos naturales, es lo que hace al paisaje de Cariló. Es el derecho ambiental un derecho constitucional. Es un principio doctrinario: el ambiente no reconoce límites políticos, el árbol es de todos, no importa si está en un sitio público o privado” resaltó Macaluse, que advirtió irregularidades en la operatividad de la comuna y en los alcances de la ordenanza.

 

 

“Lo que están haciendo no tiene legitimidad. La ley provincial de Paisaje Protegido, superior a cualquier ordenanza municipal, busca conservar y preservar el paisaje geomorfológico y urbanístico del Parque Cariló”, aclaró.

Desde la fundación entienden que si “el árbol afecta a la seguridad pública, o tiene raíces que puedan provocar inconvenientes con los tubos de gas, o bien por tener 100 años puedan caerse, se analiza, caso por caso”.

Para Macaluse, el argumento dado por la comuna respecto a la necesidad de ampliar algunas calles, “no es válido”. “La ley de Paisaje Protegido dice que justamente hay que reducir la carga vehícular y reducir las velocidades de circulación. Si agrandan las calles, se habilita que haya más autos y a que se tienda a ir más rápido”, analizó.

 

 

“Ellos te dicen estamos mejorando las calles. La apertura y consolidación de calles es algo de alto impacto ambiental y merece una audiencia pública”, aclaró el abogado.

Macaluse no duda en considerar que lo ocurrido en Cariló es un “ecocidio”. “Esto es modificar el ambiente intencionalmente, pedimos suspender la ordenanza y que el municipio explique como actuará y cuál será el reglamento especial para Cariló. Un plan  integral de lo que quiere hacer el Ejecutivo en toda la localidad y que se informe a cada propietario de forma particular qué se necesita hacer. Intimar por intimar no va. Hay pinos de más de 30 años en la puerta de muchas casas, no se los puede sacar porque quieren ampliar la calle y menos hacerlo en forma arbitraria”.

Con máquinas trabajando y numerosos cortes de árboles, se generó una gran incertidumbre en la población sobre la tarea de la municipalidad en el tema. “Ellos se escudan en que son trabajos establecidos. En algún caso a pedido de un propietario. Son argumentos válidos pero hay acá hay un problema de ligitimación. Estamos en alerta” cerró Macaluse.

 

 

Comunicado

En el consejo asesor, por pedido de la Fundación Cariló, con el acompañamiento de todas las entidades intermedias y con una postura de diálogo y revisión de su accionar por parte de la municipalidad, se resolvió lo siguiente, respecto de la ordenanza 5289/18

1) suspender la aplicación de la Ordenanza 5289/18, hasta tener decreto reglamentario que contemple la situación especial de Cariló.
2) No se continuará ensanchando las calles, salvo que se trate de cuestiones de seguridad.
3) No deben los propietarios modificar sus aceras, en lo que a la ordenanza por cuestiones naturales se refiere.
4) Se deberá llamar a audiencia pública para modificaciones significativas del Parque y presentar la evaluación de impacto ambiental.
5) Si alguien recibiera alguna intimación verbal o escrita, transmitirlo inmediatamente a la Fundación Cariló y/o delegación municipal, a los fines de analizar cada caso puntual.
6) Servicios Urbanos no debe intimar y menos aún verbalmente como se ha estado haciendo con muchos propietarios que incluso se han quejado por ello.