La Corte Suprema de Justicia desestimó el amparo colectivo contra las resoluciones del Ministerio de Energía y del Enargas que autorizaron aumentos en las tarifas de gas, presentado por la Defensoría del Pueblo dos años atrás.

Al reclamo judicial original, que data de 2017, la Cámara Federal de La Plata le emitió un rechazo sin darle trámite, por lo cual la Defensoría bonaerense presentó un recurso extraordinario contra esa decisión ante la Corte Suprema de Justicia.

La sentencia de la Cámara finalmente fue ratificada en la Corte con la firma del presidente Carlos Rosenkrantz y los ministros Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, mientras que Horacio Rosatti votó por la desestimación del recurso por considerarlo inadmisible».

El máximo tribunal sostuvo que la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires «carece de legitimación para impugnar resoluciones adoptadas por autoridades nacionales en 2017, relacionadas con el aumento en las tarifas del gas».

El defensor del pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, promovió la demanda contra el Estado nacional al considerar que los cargos impositivos que se incluían en las facturas del servicio eran «confiscatorios».