Este jueves se conocieron las conclusiones de un informe de la ONU para los Derechos Humanos elaborado tras la visita semanas atrás a Venezuela de la expresidente de Chile, Michelle Bachelet, quien estuvo en el país sudamericano entre el 19 y el 21 de junio.
El estudio insta al gobierno de Nicolás Maduro a “adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones” que padecen millones de personas. De lo contrario, advierte, “continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país y empeoran las condiciones de vida de quienes permanecen en él».
Según Naciones Unidas, que se basó en 558 entrevistas con víctimas y testigos directos, el chavismo “ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo”.
Las observaciones de la oficina son especialmente duras en relación con la actuación de los cuerpos de seguridad y las fuerzas especiales de la llamada Policía Bolivariana.
“Las FAES, una unidad de respuesta rápida creada en 2017 para combatir el crimen organizado, han sido presuntamente responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad, al igual que el CICPC [la policía científica]. Los servicios de inteligencia (el SEBIN y la DGCIM, la contrainteligencia militar) han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores/as, políticos/as y de sus familiares”, señala el texto.
El informe firmado por Bachelet presenta la cifra de 5.287 muertes, según el gobierno de Maduro por “resistencia a la autoridad”, en el curso de esas operaciones de las FAES en 2018 y de las otras 1.569 asesinadas entre enero y mayo de este año.
También destaca que un mes antes de su visita había 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su presidente, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.
“Durante mi visita a Venezuela, pude conocer directamente los relatos de quienes han sido víctimas de la violencia del Estado y sus peticiones de justicia. He transmitido con exactitud sus opiniones y las de la sociedad civil, así como las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, a las autoridades competentes”, manifestó Bachelet, que actúa como alta comisionada de la ONU.
La respuesta de Maduro
El gobierno de Maduro presentó 70 observaciones al informe de Bachelet. Según el documento presentado por Cancillería, la ONU ofrece «una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela, que contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de derechos humanos, recogidos en la Declaración y Programa de Acción de Viena».
«Es especialmente preocupante que el 82% de las entrevistas utilizadas para fundamentar su informe se correspondan con personas ubicadas fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, especialmente tomando en cuenta que dicha Oficina realizó dos visitas al país durante el año 2019», continúa el gobierno.
