Impulsan la creación de juzgados en Villa Gesell, Pinamar y Mar del Tuyú

A través de un informe realizado por Secretaría de Planeamiento de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, se presentó un proyecto ante el poder Ejecutivo y Legislativo tendiente a transformar y descentralizar órganos jurisdiccionales. El mismo incluye al fuero penal de Mar del Tuyú y juzgados de Pinamar y Villa Gesell.

Tras el análisis realizado desde el área de Planeamiento, la Suprema Corte instó a la creación de un Juzgado de Garantías con sede en Mar del Tuyú y competencia territorial sobre todo el partido de La Costa, dependiente del Departamento Judicial de Dolores.

En este sentido, el informe señala que uno de los juzgados más congestionados son los de Mar del Tuyú, con 1.813 causas ingresadas en 2018, seguido de San Isidro (1.646 causas), Zárate-Campana (1.639) y Quilmes, San Martín y Moreno-General Rodríguez con más de mil causas cada uno.

Al considerar la cantidad de causas iniciadas y el promedio provincial de ingreso por Juzgado, la Secretaría de Planeamiento recomendó la creación de un Juzgado de garantías en Dolores con sede en Mar del Tuyú, dos en San Martín, uno en Moreno y reiterar la solicitud de creación en Quilmes.

Por otra parte, la Suprema Corte propuso la transformación de los Juzgados en lo Civil y Comercial creados en Pinamar y Villa Gesell –creados y sin funcionar- en Juzgados de Familia.

El fundamento radica en la carga de trabajo actual de los Juzgados de Paz en los mencionados partidos. En detalle, el área resaltó que en Pinamar el Juzgado de Paz informó –solo en 2018- del ingreso de 731 causas en materia de violencia familiar, 647 en materia de familia y 950 causas en materia civil y comercial.

En Villa Gesell, en tanto, el Juzgado de Paz relevó el ingreso de 915 causas en materia de violencia familiar, 810 en materia de familia y 343 en materia civil y comercial.

“De crearse los Juzgados de familia, se estima que tendían una carga de trabajo superior a las 1.400 causas”, señaló el informe que luego tomó la Suprema Corte para elevar el proyecto de creación de juzgados en la región a los órganos ejecutivos y legislativos.

 

 

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