Las fuerzas de seguridad ingresaron esta semana en dos oportunidades a los territorios de una comunidad índigena en la provincia de Chubut y reprimieron a sus integrantes con golpes y disparos. El gobernador Mario Das Neves aseguró que fueron éstos quienes dispararon a la policía. Hubo nueve mapuches heridos y diez detenidos, además de cinco gendarmes lastimados.

El conflicto se renovó por el uso que la provincia patagónica le da al conocido tren La Trochita, destinado a la explotación turística de la región y cuya traza atraviesa tierras que se disputan desde hace años la comunidad índigena y el empresario italiano Luciano Benetton, que tiene más de 800.000 hectáreas en la Patagonia.

Las primeras señales de alerta llegaron el fin de semana pasado, cuando la comunidad Resistencia Cushamen informó por redes sociales sobre la incesante actividad de efectivos y móviles de Gendarmería que se movieron en la zona, ubicada entre la ruta nacional 40 y la carretera provincial 258, un camino que une las localidades de El Maitén y Esquel, por donde también pasa el ramal.

Los originarios pretenden que la provincia chubutense les de aviso cada vez que la formación va a ser utilizada porque entienden que esas tierras les pertenecen. Esa contrariedad fue la que hizo que se suspenda la mesa de diálogo, luego de dos intentos de concordia. Entonces, los mapuches bloquearon las vías.

«El martes a las seis de la mañana los gendarmes montaron un cerco de casi 5 kilómetros a las tres entradas posibles y con 200 efectivos entraron a la comunidad con una orden firmada por el juez Guido Otranto», contó Soraya Maicoño, vocera de la comunidad, en diálogo con el diario El País.

«La orden del juez habilitaba para que entren, saquen las barricas e identifiquen, pero entraron disparando balas de goma. Siete de nuestros guerreros los enfrentaron pero se vieron en desventaja y huyeron, aunque tres fueron detenidos», agregó la mujer.

«Los golpearon salvajemente y los metieron en una ambulancia desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde sin asistencia médica. La gendarmería rodeó la casa donde estaban las mujeres y rompieron puertas, paredes y ventanas. Tomaron a las mujeres del pelo y las sacaron, las tiraron al suelo, las golpearon y las esposaron. Los niños rodeaban a sus madres presenciando toda la escena», detalló  Maicoño. Cerca de las tres, un abogado acercó un habeas corpus en defensa de la comunidad, las mujeres fueron liberadas y volvieron a casa.

El miércoles, los mapuches denunciaron una nueva represión en la comunidad. «Paró una camioneta de la que bajaron diez efectivos con armas largas y empezaron a disparar al grito de ‘hay que matar a alguno'», cuenta la representante. Resultó malherido Emilio Jones, un mapuche que vive en la localidad de Bariloche pero que cuenta con familiares en Chubut. Un disparo que sería de plomo ingresó y se alojó en su cuello provocándole la rotura del maxilar.

La comunidad mapuche asegura tener los dominios de las tierras en cuestión, una porción del vasto territorio que ostenta Benetton en el sur oeste argentino. La empresa se declara propietaria de un territorio que está en disputa desde 1891, poco después del fin de la llamada Campaña del Desierto, que terminó con las posesiones indígenas en la zona entre 1878 y 1885. Según su versión, no existieron reclamos indígenas antes de que la empresa pasase a manos del emporio italiano, que hoy es uno de los grandes terratenientes extranjeros de la Patagonia.

Por su lado, el gobernador Das Neves salió al cruce de los mapuches en declaraciones a la prensa local.  «No vamos a permitir ningún atropello. Vamos a seguir denunciando a los que son violentos», dijo el mandatario provincial. Fuentes de la compañía sostienen que los mapuches ocupan ilegalmente el paraje de Vuelta del Río desde hace dos años y han ejercido numerosos actos de violencia contra la propiedad y varios de sus empleados, con incendios, robo de ganado, corte de alambradas y disparos intimidatorios.

La represión policial contra la comunidad Resistencia Cushamen ha sido condenada por Amnistía Internacional (AI). El organismo considera desproporcionado el envío de 200 gendarmes para desalojar el corte ferroviario y denuncia la violencia ejercida contra todos los presentes, entre los que había mujeres y niños.