La investigación sobre una de las principales constructoras latinoamericanas, corazón del escándalo en la clase política y empresarial brasileña, llega a la Argentina y afecta al entorno más directo del presidente: el jefe de los espías argentinos, Gustavo Arribas, un millonario que viene del fútbol, donde se dedicaba a la compraventa de jugadores.

Arribas está siendo investigado por recibir transferencias de dinero de la misma cuenta que utilizaba un intermediario de Odebrecht para pagar sobornos, por lo que se sospecha que podrían ser coimas por una gran obra que la compañía brasileña se adjudicó en la Argentina: el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, controlada en sus inicios por los Kirchner.

El gobierno de Cambiemos insiste en que en ese momento Arribas no era funcionario público. En la obra también figura como contratista Ángelo Calcaterra, primo hermano del presidente y un constructor clave en el país. Los intereses se entrecruzan. Arribas, que se ha puesto a disposición de la Justicia, niega cualquier vinculación con Odebrecht y asegura que el dinero que recibió viene de la venta de un piso en San Pablo.

La novedad llega tiempo después de que altos cargos de Odebrecht hayan admitido que pagaron coimas en Argentina, aunque de momento no han dicho con claridad a quién. No solo la oposición, también aliados políticos de Macri como Elisa Carrió han decidido acudir a la justicia y exigen que Arribas sea retirado al menos temporalmente de un cargo clave que controla todo el espionaje argentino.

El escándalo se agrava porque la agencia antilavado recibió un aviso por este caso en 2015, ya con Macri en el gobierno, pero no lo investigó. En Argentina Odebrecht sigue operando con normalidad y esta misma semana el Ejecutivo nacional inauguró una obra en Córdoba rodeado de empleados con el casco de la compañía brasileña, responsable de los trabajos.

Esta empresa fue una de las favoritas del kirchnerismo, con dirigentes que afrontan casos muy graves de corrupción. De hecho, los dos principales responsables de los grandes contratos de los Kirchner, el exsecretario de Transportes, Ricardo Jaime, y el exsecretario de Obra Pública, José López, están en la cárcel por distintos causas de corrupción.