La protesta social iniciada la semana pasada en Chile desborda al presidente Sebastián Piñera y sume a Chile en una grave crisis institucional.

En el marco de los conflictos en las calles, los sindicatos han convocado una huelga general para este miércoles.

La protesta se ha extendido a diferentes ciudades de Chile y tiene a la capital bajo el control militar y con toque de queda, como en otras seis regiones del país. Las clases de escolares y universitarios se mantienen suspendidas en buena parte de Santiago.

El dólar se disparó y la Bolsa se desplomó un 4,6%. El metro, que transporta diariamente a 2,8 millones de personas, sigue suspendido, salvo la línea 1, que opera parcialmente. Al menos 1.333 personas han sido detenidas y 88 heridas con armas de fuego, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

 

 

No han contribuido a la calma las declaraciones del presidente Piñera, quien prefirió no enfocarse en el malestar de sus compatriotas y sí en los hechos vandálicos: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite”, indicó el mandatario sobre los violentos que han destruido buena parte de la red de metro de Santiago, saqueado supermercados y locales comerciales o incendiado decenas de autobuses.

En referencia a sus desafortunadas declaraciones, Piñera reconoció a su modo este lunes que no fueron palabras prudentes: “Sé que a veces he hablado duro contra esta violencia y delincuencia. Compréndanme, compatriotas. Lo hago porque me indigna ver el daño y el dolor que esta violencia y delincuencia provoca”.

El desafío para la clase política chilena es mayúsculo en un país donde vota el 49% de los ciudadanos y las instituciones democráticas como el gobierno y los partidos tienen una mínima valoración. En el Congreso, con mayoría opositora, los parlamentarios de la Cámara de Diputados aprobaron este lunes el proyecto de ley para suspender el alza de las tarifas de metro, anunciado por Piñera. El Senado lo hizo horas después.