Amnistía Internacional relevó casi 300 casos en Argentina en los que comunidades indígenas reclaman el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos (municipales, provinciales, nacional), empresas (agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo, entre otras), y ante jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen la normativa vigente.
Este es un número representativo, pero más representativo fue que durante los dos debates presidenciales, ningún candidato tocó el tema de los cientos de conflictos territoriales que afectan a las comunidades originarias del país.
Para dar cuenta de esta problemática, Amnistía Internacional elaboró un informe sobre el estado de situación de la ley de emergencia territorial indígena 26.160.
Alcances de la ley
Esa ley de emergencia territorial fue sancionada a fines del 2006 con el objetivo de frenar los desalojos de las comunidades indígenas y realizar un relevamiento a lo largo del territorio nacional para avanzar con su efectiva titulación. El registro está a cargo al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
En 2017 fue prorrogada por tercera vez consecutiva hasta el 23 de noviembre de 2021, fecha para la cual el Estado se comprometió a completar los relevamientos en todas las comunidades indígenas del país. A dos años de esta nueva prórroga, su implementación continúa siendo insuficiente.
La ley 26.160 lleva así 13 años vigente y solo se ejecutó en un 57%; con apenas un 38% del presupuesto concluido. En los próximos dos años, para lograr el objetivo comprometido, debería completarse el 68% restante.
La voz de Amnistía
“Uno de los compromisos que asumió esta gestión apenas comenzó el gobierno fue trabajar la problemática vinculada a los pueblos originarios. Se avanzó poco en la implementación de los relevamientos territoriales y una vez más se posterga a estas comunidades a la voluntad política de la próxima administración. Cualquiera sea que resulte electa debe concluir de manera urgente con los relevamientos e implementar un mecanismo que garantice la titulación de los territorios indígenas», destacó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
La mayoría de las comunidades indígenas no cuentan con un reconocimiento legal de sus tierras y esto deriva en una desposesión histórica de tierras que son usufructuadas por empresas y terratenientes.
A su vez, el avance a gran escala de la explotación de los recursos naturales para abastecer el aumento del consumo mundial (a través de minería, industrias petrolera, agrícula-ganadera y deforestación, entre otras) intensificó el despojo de los pueblos indígenas de sus tierras ancestrales.
