A lo largo de los últimos días, los mendocinos realizaron cortes de carreteras y protestas para expresar su rechazo a la autorización del uso de químicos en la minería provincial.
Los manifestantes pretendían que el gobernador provincial, Rodolfo Suárez, de la Unión Cívica Radical, vete la modificación, pero el gobierno mantuvo su apoyo a la nueva normativa y de hecho procedió a promulgarla este martes por considerar que garantiza “el cuidado del agua y del medio ambiente”.
El Ejecutivo mendocino destacó que va a reforzar los controles a las mineras con la creación de una policía ambiental y la contratación de auditorías internacionales.
Por su lado Greenpeace denuncia que “la modificación a la ley 7.722 permite el uso de ácido sulfúrico, cianuro y tóxicos en el desarrollo de la megaminería, lo que generará la contaminación del agua de la provincia”.
Haciendo oídos sordos, con ojos vendados a la marcha ambiental más importante en la historia, promulgó la reforma de la ley 7722.
— Greenpeace Argentina (@GreenpeaceArg) December 24, 2019
Según considera la organización ambientalista, el cambio legislativo “representa una clara violación a la Constitución Nacional y los principios de no regresión ambiental y de progresividad, expresamente establecidos en la Ley General de Ambiente”.
Pese a ser de distinto signo político, la decisión de Mendoza coincide con los planes nacionales del peronista Alberto Fernández. El Gobierno argentino apuesta por el petróleo, el gas y la minería para obtener mayores ingresos en dólares que contribuyan a volver a poner en marcha la economía, que en 2020 se prevé que siga en recesión por tercer año consecutivo.
En Mendoza, un informe de la cámara provincial de empresarios mineros difundido por el Gobierno estima que la reactivación de esta actividad moverá recursos por 349.234 millones de dólares y generará 17.550 puestos de trabajo durante la etapa de construcción de seis proyectos y otros 39.240 en la etapa productiva, entre mano de obra directa e indirecta.
La mirada es absolutamente distinta por parte de aquellos que están en contra. “Indignante!!! No tengo palabras. Ni toda la minería del mundo mueve 350.000 millones de dólares. Nos subestiman”, tuiteó el abogado ambientalista Enrique Viale.
No existe herramienta de presión más poderosa que la gente.
No hay minera que tenga recursos suficientes para soportar la presión de un pueblo decidido a defender pacíficamente a la democracia y a la Naturaleza de la que forma parte.— Greenpeace Argentina (@GreenpeaceArg) December 24, 2019
Antecedentes
Los opositores al uso de químicos en la minería desconfían de los controles estatales y judiciales y ponen como ejemplo desastres ecológicos ocurrido en otras provincias andinas, como San Juan, Catamarca y La Rioja.
El mayor accidente minero de la historia de Argentina ocurrió en septiembre de 2015, cuando un millón de litros de una solución con cianuro y otros metales pesados se fugaron de la mina Veladero de San Juan y llegaron al río Potrerillos, contaminando este y otros cursos de agua.
En 2016 hubo un nuevo derrame, aunque de volumen muy inferior, y en 2017, otro. La minera canadiense Barrick Gold, dueña de Veladero en ese momento, fue denunciada ante la Justicia, pero tras cierres temporales, las autoridades volvieron a habilitar su funcionamiento.
