El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa en la Casa Rosada por el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni. Se informó así que el Gobierno nacional dispuso un incremento salarial para los trabajadores del sector privado que se encuentren en relación de dependencia.

El monto será de 4.000 pesos y comenzará a pagarse en los sueldos de enero con una cuota de $3.000 y se completará con los haberes de febrero.

El ministro remarcó que “no es un bono, sino que queda incorporado a los salarios a cuenta de lo que se negocie en paritarias” y aseguró que el objetivo es “impulsar la recuperación de los salarios de los sectores más vulnerados”.

“Apuntamos a los que quedaron más abajo en la escala salarial y a darles un piso para que las negociaciones colectivas trabajen de un modo más tranquilo y que no tengan que ocuparse de situaciones de urgencia”, indicó.

Las micro, pequeñas y medianas empresas que cuenten con Certificado MiPyME estarán eximidas del pago de las contribuciones patronales previsionales aplicables al aumento por tres meses o mientras el incremento sea absorbido por las negociaciones paritarias.

“Con esta medida, 1.300.000 trabajadores logran recuperar la totalidad del poder adquisitivo perdido durante 2019. Esto es aproximadamente el 20 por ciento del total de los trabajadores”, señaló el ministro.

“En 10 de los 20 convenios colectivos de mayor cobertura, es decir, de los que mayor cantidad de personal tienen, la suma fija permite recuperar todo el poder adquisitivo perdido en 2019. Estos son: construcción, entidades deportivas, estaciones de servicios, encargados de edificios de renta, alimentación, metalúrgicos, seguridad, sanidad, pasteleros y cuero”, detalló.

Además, Moroni consideró que “tendrá un efecto dinamizador de la demanda, porque se incrementará la masa salarial en 20.000 millones de pesos”.

La medida se desprende de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, aprobada por el Congreso Nacional el 20 de diciembre último, que faculta al Poder Ejecutivo a “disponer en forma obligatoria que los empleadores del sector privado abonen a sus trabajadores incrementos salariales mínimos”.

Del decreto quedan excluidos los trabajadores del sector público nacional, para quienes habrá una norma similar, explicó Moroni. También se convocará a las comisiones encargadas de los regímenes de trabajo agrario y de personal de casas particulares para evaluar medidas parecidas que incluyan a esos trabajadores.