Representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en el país, se reunieron con autoridades de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y acordaron fortalecer la articulación entre ambos organismos para promover políticas que sirvan de solución a los diferentes problemas ligados a la niñez. En ese contexto, manifestaron su rechazo a la posibilidad de que descienda la edad de imputabilidad.

Del encuentro participaron por parte de Unicef Argentina, el especialista en Monitoreo e Inclusión Social, Sebastián Waisgrais, y el consultor Martín De Paula. Además, estuvieron presentes el presidente del Grupo Pharos, Adrián Radic, y su directora, Érica Roffler, quienes se reunieron con el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, y con el Defensor del Pueblo adjunto, Walter Martello.

En la mesa de trabajo entre las partes, se puso de manifiesto la necesidad de  llevar adelante un monitoreo de la situación de la niñez en territorio bonaerense.

Según precisaron desde la Defensoría, se “pretende complementar los datos relevados por UNICEF a través  del seguimiento de nuevas temáticas como la medición de la pobreza infantil multidimensional, las situaciones de protección especial como las que afectan a los niños y niñas víctimas de violencia, abuso y explotación, trabajo rural infantil y adolescente, y niñez con discapacidad”.

Al respecto del acuerdo de voluntades, Lorenzino reconoció su entusiasmo: “Estamos muy motivados con la posibilidad de trabajar en conjunto con un organismo tan prestigioso como es Unicef. Nuestra idea es poder firmar lo antes posible un convenio que nos permita fortalecer con los insumos que nos brinden, el trabajo que ya tenemos desarrollado en el área de niñez de la Defensoría”.

En esa línea, el funcionario precisó: “Coincidimos con la posición de Unicef Argentina respecto a que es necesario en el país una Ley de Justicia Penal Juvenil que no disminuya la edad de imputabilidad sino que cree un sistema especializado en línea con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos”.

Lorenzino no se quedó ahí y recordó “que la Provincia tiene desde 2007 una ley que creó un régimen judicial específico para los menores de edad”.