A través de su publicación en el Boletín Oficial, el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación oficializó la derogación de un decreto y una resolución suscriptos por el expresidente Mauricio Macri que flexibilizaba los requisitos de importación de residuos de otros países.
Al respecto, el ministro Juan Cabandié recalcó no solo que la medida le parecía “indigna” sino que además agregó que era “la puerta de entrada a residuos peligrosos”.
“La clave de todo esto es un cambio cultural en la sociedad. La política tiene que dar el ejemplo y por eso estamos trabajando activamente en una solución integral para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos en el marco de la economía circular, a partir de la separación en origen, la recolección diferenciada, la clasificación, la recuperación y la valorización de residuos”, enfatizó el funcionario.
Según señalaron desde el Ministerio, el trabajo del Gobierno nacional fue articulado entre las carteras de Ambiente y de Desarrollo Productivo. Ambos ministerios bregaron por la derogación del Decreto 591/2019, que había modificado los decretos reglamentarios de la ley de Residuos Peligrosos con el objetivo de permitir el ingreso de “sustancias y objetos” procedentes de otros países.
En esta línea, se informó que en un plazo de 180 días, los ministerios encabezados por Cabandié y Kulfas formularán una propuesta normativa para regular la temática, que promueva una gestión integral de los residuos en el marco de una economía circular.
“El anterior decreto, lejos de alinearse con los presupuestos de la gestión integral de los residuos en el marco de una economía circular, implicaba reducir el nivel de protección que establecen el artículo 41 de la Constitución Nacional y la normativa dictada en la materia”, subrayaron luego.
Según mencionaron, el decreto firmado por Macri “iba en contra de esta política de promoción de una industria del reciclado, del desarrollo de la economía circular, y de la gestión integral de residuos y su valorización”.
Además, afirmaron que el derogado decreto implicaba “una reducción en el nivel de protección, ya que quitaba la certificación de inocuidad sanitaria y ambiental expedido previo al embarque por la autoridad competente del país de origen, lo que constituía un retroceso en materia ambiental y colocaba a nuestro país en una situación de riesgo ante el posible ingreso de residuos peligrosos”.
Por eso, el decreto 148/2020 establece que “hasta tanto se apruebe la normativa correspondiente en la materia, resultará de aplicación en lo pertinente el Decreto N° 181 del 24 de enero de 1992 en su redacción original”. Esto implica reponer esa certificación de inocuidad.
“Es esencial que no demos marcha atrás a nuestro compromiso con los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”, concluyeron las autoridades nacionales.
