Durante este mes de marzo iba a tener inicio en Chile la campaña para el referéndum con el que la clase política buscará una salida institucional a la crisis que vive el país trasandino desde el pasado 18 de octubre, cuando comenzó un estallido social sin precedentes desde el retorno a la democracia, hace 30 años.
Los partidos políticos, parlamentarios independientes y organizaciones sociales tenían en agenda iniciar el despliegue de propaganda electoral para promover sus posturas frente al plebiscito, previsto para el domingo 26 de abril.
Finalmente, ante la situación de expansión de la pandemia por el nuevo coronavirus, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó la ley que posterga para el 25 de octubre el plebiscito.
En un mensaje publicado vía Twitter, el mandatario señaló que “era necesario postergar el plebiscito y todo el calendario electoral”, para proteger la salud de los chilenos.
En ese sentido, el mandatario chileno anunció que las elecciones primarias municipales y regionales se efectuarán el 29 de noviembre, mientras que los comicios de alcaldes (intendentes), concejales, gobernadores y constituyentes quedaron fijados para el 11 de abril de 2021.
Manifestantes en las recientes protestas contra el gobierno durante el carnaval de Viña del Mar.
Más de 14 millones de personas —entre ellos cerca de 60.000 chilenos que residen en el exterior— podrán decidir si debe o no realizarse un proceso para elaborar una nueva Constitución, que ponga fin a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
En el plebiscito, además, los chilenos deberán responder con cuál mecanismo se redactará la nueva Constitución en caso de que el cambio se apruebe.
Para esto existen dos opciones: una Convención Constitucional, integrada por ciudadanos electos, y que equivale a una Asamblea Constituyente; o bien, una Convención Mixta, integrada en un 50% por parlamentarios designados por el Congreso.
Cualquiera que sea la opción, esta tendrá un plazo máximo de un año para presentar una propuesta. Luego, el texto será sometido a un plebiscito que —a diferencia del de octubre— será de voto obligatorio. En caso de que triunfe el rechazo, seguirá rigiendo el texto de 1980.
