La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó una denuncia penal por el acuerdo en el concurso preventivo de Correo Argentino S.A. y requirió a la Procuración del Tesoro de la Nación la apertura la formación de un sumario administrativo.

Desde el organismo indicaron que la maniobra descripta por la Fiscal General Gabriela Boquín podría configurar un “intento de defraudación por administración infiel” por parte de los funcionarios públicos intervinientes. Para sostener esto, el fiscal se basa en “la aceptación de una propuesta casi idéntica a la rechazada anteriormente por la misma parte, el Estado Nacional”, lo que al decir de la fiscal comercial “convalidaría un perjuicio patrimonial multimillonario”.

También agregó que el acuerdo deberá ser analizado bajo la posible comisión del delito de “tráfico de influencias” y posibles “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

Además, requirió a la Procuración del Tesoro de la Nación la apertura de un sumario administrativo en el que solicitó ser tenido como parte acusadora y una auditoría general sobre la actuación de los abogados del Estado durante todo el proceso concursal que lleva más de quince años.

La medida fue dispuesta por el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, en el marco de una Investigación Preliminar que se inició por la comunicación que le efectuara la fiscal Boquín, en relación al accionar de funcionarios públicos intervinientes y el presunto perjuicio patrimonial al Estado nacional. Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8.