Un relevamiento realizado por el Observatorio de Despidos de La Izquierda Diario (ODP – LID) desde el inicio del aislamiento social obligatorio impuesto por la pandemia del nuevo coronavirus, el 20 de marzo, hasta el último 9 de mayo, revela que en Argentina son 111.417 las personas que perdieron sus empleos.
En el marco de la emergencia sanitaria y la paralización de la actividad en varios sectores de la economía, las cifras mostraron en este inicio del mes de mayo un drástico crecimiento del 900 % en los despidos, en su mayoría correspondientes al rubro de la construcción, uno de los más afectados.
“La gran mayoría de los despidos en ramas con alta tasa de informalidad no aparecían en ningún lado. En este caso, directamente cierran la obra y les dicen a los obreros que no vayan más”, explicó al respecto Paula Varela, doctora en ciencias sociales y miembro del observatorio. “Por eso, cuando la Cámara de la Construcción sacó sus propios cálculos, el número se disparó”, aclara.
Para hacer su informe, el ODP – LID se basó en publicaciones de la prensa nacional y otras fuentes propias, como denuncias. Al no haber datos oficiales sobre el mercado laboral en el contexto de la pandemia, se debe aguardar a que algún sector empresario brinde más precisiones. “Hay miles de despidos que no aparecen como tales”, advierte la investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Más afectados
Desde que inició el seguimiento de la situación laboral, el observatorio registró en paralelo casi 1,8 millones de suspensiones y más de 750.000 rebajas salariales. De este forma, entre todos los afectados hay un universo de 2,6 millones de personas, en un país con una población económicamente activa de 13,4 millones, aunque la cantidad real de perjudicados podría ser mayor.
En esa línea, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) también emitió un informe en el que señala que hasta finales de abril, casi 500.000 trabajadores registrados estaban teniendo problemas para cobrar con normalidad, como descuentos y retrasos. Por esos días, refiriéndose exclusivamente a los empleados formales, los despidos alcanzaban los 6.600 y las suspensiones 11.400.
Antes del brote global, en el segundo semestre del 2019, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) mostraba que había un 35,5 % de personas pobres. Ahora, entidades privadas estiman que, en el peor de los escenarios, la precariedad podría alcanzar a la mitad de la población cuando finalice la pandemia, y las previsiones menos pesimistas ubican la pobreza entre los 40 y 42 puntos porcentuales.
Críticas al gobierno y la dirigencia sindical
Para Varela, hay una contradicción entre el posicionamiento público del Gobierno y la realidad del colectivo trabajador: “Si miramos los decretos de la cuarentena, allí se prohíben expresamente las rebajas salariales, los despidos y las suspensiones. Si uno se queda con esa foto, puede decir que la postura oficial es la protección de los asalariados”.
No obstante, la académica sostiene que “esa política es impotente, o aparece como un doble discurso para la tribuna, pero el Estado no hace que tenga fuerza de ley”. En esa línea, la titular del seminario ‘Los trabajadores en la Argentina actual’, dictado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), remarca que el presidente Alberto Fernández reprochó ante la prensa los despidos en la compañía Techint, pero luego “se homologó” la política empresarial. Finalmente, esa firma logró echar a casi 1.500 subordinados.
