El ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, es acusado por la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) de aplicar el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) a favor de diversas compañías sin siquiera realizar una apertura de sus libros contables. Además, denuncian al gobierno de Alberto Fernández por homologar acuerdos por reducciones salariales que violan los convenios laborales y los principios de irrenunciabilidad de derechos.
Desde la citada entidad afirmaron, en primera instancia, que la cartera liderada por Moroni “avaló una reducción generalizada de los salarios”. En el texto de una declaración formal que su comisión directiva publicó esta semana, la AAL destaca que el DNU disponía que los “trabajadoras del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales” pero que sería en base a “los términos que establecerá la reglamentación del Ministerio de Trabajo”.
La AAL asegura que “lamentablemente, aquello que exigimos en nuestra declaración ha sido desconocido por el Ministerio de Trabajo mediante el dictado de sendas normativas, no sólo favorables a la posibilidad de homologar acuerdos individuales o colectivos de suspensión con reducción de salarios, sino además creando procedimientos especiales para facilitar su tramitación y que violentan las más mínimas garantías procesales destinadas a tutelar los derechos laborales del trabajador y la trabajadora”.
Desde la entidad insistieron en que la actitud de la cartera laboral, y del propio gobierno “importa una grave vulneración al orden público laboral y a principios fundamentales del Derecho del Trabajo” y señalan la responsabilidad de Moroni y del propio ministerio de Desarrollo Productivo por su aval al acta acuerdo suscripta entre la conducción de la CGT y la UIA, que habilita la reducción de los haberes de los trabajadores suspendidos.
Estado “bobo”
Otro punto grave que señalan desde la AAL es el que surge de la entrega de subsidios por parte del gobierno en el marco del programa ATP “sin la debida comprobación previa de que la empresa en cuestión esté realmente atravesando una crisis económica que le impida afrontar el pago íntegro de los salarios”.
“Se incumple con la obligación de tramitar previamente el correspondiente procedimiento preventivo de crisis exigido por el art. 98” explicaron desde la Asociación de Abogados Laboralistas.
Además, desde la agrupación se lamentan porque “a esta enumeración de violaciones del orden público laboral se suma la injustificable inactividad judicial que importan la dificultad de acceso a la justicia para el trabajador o trabajadora que pretenda cuestionar la rebaja salarial que se le impuso”.
Abogados reclaman el “funcionamiento pleno del servicio de justicia”. https://t.co/EmLZe2xdhp pic.twitter.com/CZoiCCStPj
— Telégrafo (@telegraficos) April 14, 2020
La asociación, integrada por destacados referentes del derecho laboral, hasta ahora no se había pronunciado de manera tan tajante contra las decisiones en materia laboral del gobierno.
En el último período, la AAL fue tomando una distancia cada vez más marcada y ahora exige directamente la derogación de “las normativas antes mencionadas y todas las demás que permitan, faciliten o promuevan la tramitación y homologación de acuerdos individuales y colectivos de suspensión y/o de reducción salarial, por lesionar gravemente el orden público laboral, el art. 14 bis de nuestra Constitución Nacional y normas internacionales con jerarquía constitucional que protegen a la persona que trabaja”.
Claudio Moroni (@MinTrabajoAR) en @pasaroncosas899 sobre el pago de sueldos con subsidio a CEOs de Techint y LAN: "Las pautas del plan ATP son objetivas. No se analizó por nombre y apellido… Y además la incidencia en los altos salarios es muy baja y esos sueldos son muy pocos".
— Alejandro Bercovich (@aleberco) May 19, 2020
Multinacionales de comidas rápidas
McDonald’s y Burger King también entraron al programa de asistencia a empresas, por el cual el gobierno se hace cargo del 50 % del sueldo de su personal. Para recibir este u otros beneficios disponibles, las empresas debían demostrar que están en crisis a causa del coronavirus.
Ambas empresas vienen además de acordar con el sindicato pastelero y el gobierno, rebajas salariales de hasta un 30 %. No se sabe a ciencia cierta entonces qué es lo que terminarán pagando las empresas. Si del Estado se va a cubrir un 50 % del salario, que ya había sido bajado en un 30 %, ¿qué es lo que pagarán los empleadores, solo un 20 % del sueldo?.
“Esto es un chiste, sabemos la cantidad de ganancias que generaron estos últimos años. Woods Staton, único dueño de la marca Mcdonald’s en América Latina, en 2019 tenía una fortuna de 580 millones de dólares. Arcos Dorados factura a nivel global 3.000 millones de dólares por año. Alsea, que es dueña de 10 cadenas de comida rápida y de otros rubros como Starbucks y Burger King, también” expresaron diversos trabajadores de esas firmas, que denuncian sufrir recortes de salarios y en paralelo ven como las compañías son subsidiadas.
