El fiscal federal Juan Pedro Zoni formuló este martes el requerimiento de instrucción e imputó al presidente de la Nación, Mauricio Macri; al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y al director de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Juan Manuel Mocoroa, luego de dos denuncias presentadas tras el acuerdo al que llegaron Correo Argentino S.A. y el Estado Nacional en el marco del concurso preventivo de la empresa postal.

El representante del Ministerio Público Fiscal reseñó que el expediente se inició con la denuncia de Daniel Jaime Igolnikov, a la que se acumuló la de Martín Sabbatella y Gabriela Cerrutti. Todos ellos ratificaron su presentación.

Zoni impulsó la acción penal “con el objeto de iniciar una investigación criminal tendiente a corroborar la existencia de conductas delictivas estrechamente vinculadas al proceso concursal cuya duración ya superó los quince años y en el cual se observa un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios”.

El magistrado tuvo en cuenta también los dictámenes emitidos por la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Gabriela Boquin, quien solicitó el rechazo del acuerdo. En ese sentido, sostuvo que en la investigación “se deberá verificar las responsabilidades penales que podrían caberle a los distintos actores que intervinieron -de forma directa o indirecta- a lo largo de la totalidad de la tramitación del proceso judicial aludido, en el cual se observa que el interés público no habría sido protegido de forma adecuada”.

Al respecto, Zoni refirió en el dictamen presentado ante el Juzgado Federal N°4 que “no debe soslayarse el extenso plazo que se ha devengado desde la verificación del crédito por parte del Estado, la manipulación de las mayorías en perjuicio de los acreedores quirografarios, la recategorización extemporánea y la reapertura del período de exclusividad cuando ya llevaba tres años y medio de vencido”.

Finalmente, expresó que también deberá investigarse “el cambio de estrategia de defensa del Estado Nacional en el marco del trámite del Concurso Preventivo, mediante el cual se prestó conformidad a una propuesta abusiva que implicaría un perjuicio fiscal, la cual a su vez se materializó a través de la intervención de un funcionario que carecería de competencia para ello y designado con carácter transitorio”.

“Dicho funcionario (Mocoroa) desarrolla sus funciones a través de una cadena jerárquica que lo vincula con el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien a su vez resultaría beneficiario -de forma directa o indirecta- de la sociedad concursada y por ende del acuerdo suscripto por aquél”, sentenció Zoni en el dictamen.