En una resolución sin precedentes, el máximo tribunal judicial argentino falló contra los alcances de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), al indicar que el organismo no puede revocar sus sentencias porque eso “violaría la Constitución”.

Dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Corte IDH podría recibir en mayo el caso de la activista Milagro Sala, detenida desde hace 13 meses por decisión de la justicia de Jujuy.

La Corte Suprema argentina tiene así jurisprudencia para rechazar una escalada judicial. “Está fuera de discusión que las sentencias de la Corte Interamericana, dictadas en procesos contra el Estado argentino, son de cumplimiento obligatorio, pero solo para aquellas que estén dictadas dentro de sus facultades”, fijó el máximo tribunal nacional. Caso contrario, la Corte IDH se convertiría en una revisora de las sentencias, algo no contemplado por las leyes argentinas.

Apoyada por el gobierno kirchnerista, a cargo de financiar sus proyectos sociales, la suerte de Sala cambió cuando llegó al gobierno provincial el macrista Gerardo Morales. Viejos enemigos políticos, la disputa se saldó a favor de Morales con la detención de Sala por incitar al desorden público y luego por supuesta malversación de fondos.

La detención suscitó el rechazo de organismos internacionales como la ONU y la CIDH, que atendieron los reclamos de organizaciones de derechos humanos argentinas como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El gobierno de Macri sostuvo desde un principio que la detención de Sala es una cuestión judicial que se tramita en Jujuy y negó que detrás haya motivaciones políticas. Incluso invitó a la CIDH a visitar Jujuy para que vea por qué es necesario que Sala esté detenida.

El fallo de la Corte Suprema ya anticipa que cualquier opinión o decisión judicial externa sobre Sala tendrán un impacto limitado. Todo indica ahora que habrá un día clave: el 22 de mayo, cuando sesione en la ciudad de Buenos Aires la Asamblea de la CIDH.