Fernández reflota un proyecto de la oposición para la ley de reforma judicial

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, presentó este miércoles el proyecto de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal que su fuerza política pondrá próximamente a consideración del Congreso de la Nación.

Para lograrlo, además, el mandatario ya puso en marcha un Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, para el que convocó a diversos juristas.

CABA

Según explicó inicialmente el titular del Ejecutivo, la iniciativa busca en primer término crear la Justicia Federal Penal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico.

“Cada uno de esos tribunales actuarán en lo sucesivo con una de las dos secretarías que actualmente tienen. La restante se convertirá en secretaría de 23 nuevos tribunales que se sumarán para acabar de conformar el fuero”, detalló el mandatario.

En su discurso, Fernández habló sobre el criterio utilizado para la propuesta y explicó: “Esta lógica de ampliación del número de juzgados, ha tenido muy en cuenta la necesidad de adecuar la labor jurisdiccional a la demanda que deriva de la puesta en marcha del sistema acusatorio que impone el Código Procesal Penal Federal”.




Durante la presentación del proyecto, el presidente hizo foco en dar a conocer su objetivo: “Buscamos superar que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados y magistradas que, como sucede en la actualidad, tienen el poder de conocer y decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y consecuentemente mediática”.

Para Fernández además, no hay dudas de que en CABA es “hora de unificar” a los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico.

La intención del oficialismo es que el nuevo fuero Federal Penal “comience a funcionar cuanto antes”, tal cual lo manifestó el presidente, que incluyó un sistema de subrogancias para la designación transitoria de los magistrados y magistradas en el que intervendrán la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación.

 

 

Concursos

Respecto a los concursos que el Consejo de la Magistratura realice para seleccionar los candidatos y candidatas a cubrir los nuevos tribunales federales que se proponen crear, el proyecto indica que los mismos deberán “realizarse por prueba de oposición oral y pública”.

Además, la iniciativa del Frente de Todos busca que todo el procedimiento del concurso quede registrado en imagen y sonido, de acceso a la difusión pública “para garantizar objetividad, igualdad de oportunidades y transparencia”, manifestó Fernández.




Unificación de la materia civil y comercial federal

En un segundo orden de importancia sobre el proyecto, el presidente ubicó a la unificación plena de la materia Civil y Comercial Federal con la que es propia del Contencioso Administrativo.

“En este caso, se ha considerado la experiencia que da cuenta de los numerosos conflictos de competencia que suscitan entre ambos fueros, lo que atenta contra la celeridad, eficiencia y eficacia tan reclamada a la labor judicial”, describió al respecto el titular del Ejecutivo.




Iniciativa del gobierno anterior

Alberto Fernández rescató la intención de poner en marcha un proyecto que ya había tenido trámite parlamentario y no obvió recordar el pasado de la iniciativa: “Recoge el texto de un proyecto de ley impulsado por la anterior gestión de gobierno en el marco del programa Justicia 2020”, rememoró.

“Fue presentado ante el Senado de la Nación por los senadores Humberto Schiavoni, Federico Pinedo, Ernesto Martínez, Rodolfo Urtubey, Luis Naidenoff y por la senadora Silvia Elías de Pérez” detalló el presidente.




Reglas de actuación para jueces y juezas

En términos que, según definió Fernández, se busca “superar la crisis que claramente afecta la credibilidad y el buen funcionamiento de la justicia federal”, el oficialismo explicó su intención de recuperar los mandamientos de la ley N° 27.146, cuya vigencia fue suspendida por el gobierno de Macri mediante un decreto y que establecía una serie pautas de actuación que en la magistratura deben ser respetadas.

  1. Mantener un trato equivalente con las partes, sus representantes y abogados.
  2. Evitar comportamientos que indiquen favoritismo, predisposición o prejuicio respecto de cualquiera de las partes.
  3. Garantizar que las personas reciban un trato digno e igualitario.
  4. Ejercer sus funciones libres de interferencias.
  5. Comunicar al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo.
  6. Evitar que el clamor público y el miedo a la crítica incidan en sus decisiones, y en ningún caso deberán actuar en base a consideraciones de popularidad, notoriedad u otras motivaciones impropias.
  7. Evitar valerse del cargo para promover o defender intereses privados, transmitir ni permitir que otros transmitan la impresión de que se hallan en una posición especial para influenciar.




Consejo consultivo

Sobre el final, Fernández anunció la puesta en marcha del citado Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público.

La intención es analizar junto a los juristas en profundidad los problemas que se observan para el mejor funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Consejo de la Magistratura de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa en el ámbito nacional.

Este proyecto de ley que hoy presentamos es el resultado de meses de trabajo desarrollado con seriedad y objetividad. Esta Comisión que hoy estoy creando será la que me recomiende las mejores alternativas para que la Justicia funcione en su plenitud. De esas recomendaciones saldrán los proyectos de ley que el Congreso de la Nación deberá debatir.

 

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