El presidente Alberto Fernández dispuso la derogación del decreto que ordenaba la intervención de la empresa Vicentín y estableció que todos los organismos del Estado involucrados realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan “la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo”.

Según explicó el mandatario, la decisión obedece a que el juez interviniente en el concurso “no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía”.

A esto, Fernández agregó que también ha impedido “el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019”.

 

 

Cabe recordar que la firma Vicentín se encuentra en concurso de acreedores por una deuda millonaria –incluidos suculentos créditos otorgados por el Banco Nación durante el último tramo de la presidencia de Mauricio Macri cuando la empresa ya estaba en cesación de pago- mientras la Justicia investiga un presunto fraude dado el proceso de vaciamiento observado.

El vaciamiento de la empresa se habría concretado a partir de maniobras fraudulentas que incluyen la fuga de activos hacia sus filiales en el exterior y paraísos fiscales, además de otros mecanismos utilizados por los directivos.

Recursos públicos

“El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”, enfatizó el Presidente al anunciar la derogación del decreto de interneción.

En esta línea, Fernández sostuvo que la intención del Gobierno “siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo”.

No obstante, acotó que su obligación es “que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído”. “La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial”, aclaró.

Estatización de deuda privada

Ante este escenario planteado por el Gobierno, el Presidente señaló que  no está dispuesto a “adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”.

“He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado”, concluyó.