La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires pidió de modo urgente aplicar políticas que permitan paliar la actual coyuntura de hacinamiento que sufren los detenidos en las dependencias policiales bonaerenses, una situación que se agrava notoriamente con los riesgos aparejados por la actual pandemia.
El nivel de superpoblación que se replica también en las cárceles provinciales, se sufre desde hace tiempo, por lo que desde la red afirman que la problemática del colapso “no solo impide cumplir con los fines de reintegración social de la pena, sino que implica un riesgo para la vida de los internos”.
En este contexto, los jueces piden derogar la ley de adhesión que la provincia promulgó para asumir competencia en la represión del narco-menudeo (ley 13.392, del 2/12/2005), lo que ha incrementado los perjuicios descriptos.
Desde el espacio conducido por Mario Daniel Caputo fueron tajantes al respecto y sostuvieron directamente que “la persecución de los vendedores de droga al menudeo, determinó la disposición de cuantiosos recursos humanos y materiales, con destino a un objetivo que resultó fracasado por insostenible e ineficaz”.
Fracaso
Para la red, esos cuantiosos recursos utilizados para la llamada lucha contra el narcotráfico “no generaron ninguna mejora respecto de la situación precedente”.
“Pese a que gran cantidad de agentes policiales, empleados, funcionarios y fiscales hayan sido destinados específicamente a esta tarea en toda la provincia, no se advierte la disminución del problema que han venido a resolver: se han gastado muchos recursos sin verificar el cumplimiento de objetivo alguno”, describieron al respecto los magistrados.
Saturación
“En la justicia penal se produjo una saturación”, advirtieron sin vueltas desde la red a partir de un informe de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, donde se señala que sólo durante el año 2018, se iniciaron más de sesenta mil (63.198) investigaciones penales preparatorias.
“De ellas, más de un 65 % resultó por delitos de microtráfico de estupefacientes, y más del 33% estaba referida a simples tenencias o tenencias para consumo personal”, describieron los jueces.
Las consecuencias en el sistema de justicia penal provincial son visibles para la red, y constan de varios puntos.
- Incremento significativo del caudal de trabajo –y el nivel de conflictividad– de los organismos del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos, especialmente en la primera etapa del proceso.
- Realización de pericias toxicológicas, que se dilatan por falta de recursos en los laboratorios
- Aumento del número de audiencias en la instancia oral y el tiempo y los recursos que destinan los distintos actores a tal fin
- Sobrecarga de las Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal del conjunto de departamentos judiciales, en particular, de aquellas del Conurbano, y del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires.
Insostenible
La red de jueces penales bonaerense calificó de insostenible seguir asumiendo competencia en la represión del narco-menudeo al insistir en que “la aprehensión de los vendedores de pequeñas cantidades de droga ya ha generado un masivo encarcelamiento a nivel provincial”.
En esa línea los magistrados recalcaron que “a la fecha de implementación de la ley de desfederalización, la Provincia de Buenos Aires ya había sido denunciada por violación a derechos humanos por sobrepoblación y hacinamiento ante organismos internacionales; por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya había observado la deficiencia en la actuación de los poderes públicos locales“.
A partir de asumir esa competencia, se profundizó la situación de sobrepoblación y hacinamiento carcelario, cuya tasa de detención actual es récord histórico con 336 personas detenidas cada 100.000 habitantes, cuando en 2006 era de 139 cada 100.000.
“Hoy se repiten las declaraciones de emergencia penitenciaria por las autoridades políticas y los más altos tribunales locales –Suprema Corte de Justicia y Tribunal de Casación Penal– definen la situación como una grave crisis humanitaria“, resaltaron desde la entidad.
Según los datos del Registro Único de Detenidos de la Provincia de Buenos Aires (RUD) al 31/12/2019, de un total de más de cincuenta y ocho mil personas privadas de libertad (58.300) bajo distintas modalidades, más de ocho mil (8.113) lo estaban por delitos relacionados a la ley de estupefacientes, alcanzando el 13,9. Según el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución Penal (SNEEP) a fines del año 2018, se ubicaba como la tercera modalidad delictiva de encierro con 5.626 menciones, sólo superada por los delitos de robo y tentativa de robo (18.480) y los homicidios dolosos (5.749).
Renuevan la cúpula del Servicio Penitenciario Bonaerense. https://t.co/zdjaYChFDx pic.twitter.com/7Aw0SvB5ap
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Costos
De acuerdo a un informe de la Unidad de Planificación Estratégica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, en el año 2019 el costo total por 4.915 personas presas en el Servicio Penitenciario Bonaerense ascendería a más de tres mil doscientos millones de pesos ($3.246.818.179,98), calculando que cada preso/a cuesta más de cuarenta y tres mil pesos ($ 43.000) al mes.
En tanto que el costo total –siempre calculando la actualización por inflación– desde el 2005 al 2019 habría ascendido a casi treinta mil millones de pesos (29.943.063.479,20).
“Estos asombrosos números no incluyen los costos derivados de las intervenciones por personas sujetos a control de monitoreo electrónico, ni los de las policías (Ministerio de Seguridad), la Justicia Penal (Fiscales, Jueces y Defensores, Cámaras Departamentales de Apelación y Garantías en lo Penal y Tribunal de Casación Penal Bonaerense) ni de otros organismos de Poder Ejecutivo que intervienen en los procesos penales (Patronato de Liberados, Centro de Prevención de las Adicciones)“, detallaron desde la red.
La reglamentación de la ley de cannabis medicinal contempla el autocultivo. https://t.co/BVXvSJGznQ pic.twitter.com/PsdAcTTZa0
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Ineficaz
Según el crudo documento elevado por la red, esos cuantiosos gastos derivados a reprimir al narcotráfico, “nunca podrán tener éxito, pues apuntan al sector más fungible de la actividad“.
En ese sentido, los jueces fueron contundentes: “El hecho de que la detención masiva de personas no haya derivado en una mejora de la situación, responde a un mal enfoque político criminal del problema“.
- El confinamiento de vendedores al menudeo ataca al sector más fungible del mercado ilegal: los vendedores son personas sin preparación, ubicados en el último eslabón de la cadena delictiva, por tanto su “neutralización” –detención– no afecta la estructura de la organización, y su reposición como recurso humano es muy sencilla, por la escaza preparación requerida y su fácil reclutamiento en un contexto de precariedad económica.
- Estas características del fenómeno predican la necesidad de conducir las investigaciones hacia las instancias superiores de la organización; por el contrario, la prisionización masiva de sujetos implicados en el narcomenudeo, protagonizado por una jurisdicción local que no puede –por ser competencia federal– ir contra las cabezas de las organizaciones, resulta un instrumento manifiestamente inidóneo para desarticular estas bandas criminales.
“En pocas palabras; focalizar el problema del narcotráfico en la persecución de micro-vendedores callejeros, representa una política criminal fracasada (carente de resultados positivos verificados), insostenible (por los cuantiosos e infructuosos costos que representa para una provincia en crisis económica) e ineficaz (pues nunca la persecución del último eslabón de las bandas narco-criminales puede desmantelar su organización), que debe ser reenviada a la competencia federal, única autorizada a realizar investigaciones inter-jurisdiccionales que permitan atacar a la cúspide de este tipo de organizaciones” culmina el texto que lleva la firma del citado Caputo y también del secretario de la red de jueces, Pedro Rodríguez.
