Así lo aseguraron los concejales del Frente para la Victoria de Pinamar, tras la reunión de la Comisión Mixta de Frente Marítimo, donde se abordó la construcción de las pasarelas de madera en la playa y la situación de las Unidades Turísticas Fiscales morosas. Desde el bloque kirchnerista pidieron que uno de los balnearios sea demolido para recuperar espacio público y bregaron por el fin de los privilegios en el sector.

En cuanto al primer punto, en el marco del encuentro del que participaron concejales de las diferentes bancadas y funcionarios del Ejecutivo, se informó que las pasarelas se ubicarán en nueve puntos: cinco en Pinamar, dos en Valeria del Mar y dos en Cariló.

Según se destacó, estas obras apuntan, junto con el trabajo de enquinchado, a la remediación del médano y a garantizar el acceso pleno. La licitación fue ganada por la empresa Itar por un presupuesto de seis millones y medio de pesos, con un tiempo de realización de 120 días.

Al respecto, el concejal Gregorio Estanga (FpV) manifestó la preocupación por la preservación del espacio en donde se insertarán las pasarelas, por lo que apeló a la fiscalización, más allá de la responsabilidad de la firma contratada.

Al abordarse las situaciones morosas de las UTF “Puerto Banus” y “Cabo Blanco”, reseñaron que  en ambos casos “no hay contrato firmado” y sus ofertas únicas “quedaron comprometidas a la sombra de los amparos judiciales a raíz del corrimiento que establecía la licitación del 2009”.

Cabe recordar que el Municipio recientemente tomó posesión del balneario “Puerto Banus”, después de “una situación administrativa poco clara” en la que los representantes de la sociedad no pagaron el canon durante las temporadas 2015-2016 y 2016-2017.

Por estas transgresiones, la postura de los concejales del FpV es “la demolición del edificio por parte del Municipio para recuperar espacio público de playa, tratándose de una zona crítica y una concesión inmerecida”. Por esto, solicitaron que la Asesoría Letrada disponga de las herramientas jurídicas para proceder a la demolición.

“Para el FpV se terminaron los privilegios en el frente marítimo y se impondrá en cada decisión la preservación ambiental de la playa que en definitiva es nuestro patrimonio natural y por el cual toda una comunidad se sustenta”, concluyeron.