En un operativo policial articulado entre la Policía Federal Argentina y la Policía de la provincia de Buenos Aires denominado “Corona Web”, y tras una profunda investigación realizada durante varios meses por la división “Delitos Cibernéticos Contra la Niñez y Adolescencia”, se logró desarticular una red internacional que producía y comercializaba pornografía infantil.
Se realizaron más de 100 allanamientos en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Córdoba, en Santiago del Estero, en Río Negro y en Santa Fe.
Según precisaron las autoridades, este operativo se produjo en el marco de la “profundización y profesionalización de los trabajos para desmembrar organizaciones relacionadas con el delito complejo”, tal como ha ordenado a las fuerzas federales la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic.
En ese contexto, la fuerza federal y la provincial realizaron una enorme cantidad de allanamientos simultáneos en varios lugares del país.
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— Telégrafo (@telegraficos) October 8, 2020
Como resultado de los procedimientos, se identificó a 33 personas que quedaron supeditadas a la causa. Además, se secuestraron notebooks, cámaras fotográficas digitales, discos rígidos, pendrives, tablets, netbooks, tarjetas de memoria y teléfonos celulares, y material pornográfico infantil producido por los involucrados.
Las investigaciones comenzaron meses atrás a través del análisis de una página de internet –cuyo origen estaba en la localidad de Berazategui-, donde las y los trabajadores de las fuerzas de seguridad lograron determinar su continuidad de grupos de WhatsApp.
Estos estaban compuestos por participantes de 35 diferentes países, entre ellos, Estados Unidos de Norteamérica, México, Perú, Colombia, España y Argentina.
En dichos grupos, las y los participantes compartían mensajes y archivos de pornografía, contenidos para adultos e intercambio de contenidos gráficos relacionados con el abuso sexual de menores de edad a través de imágenes y videos.
Fue así que la división de delitos tecnológicos de PFA y la dirección Criminología y Victimología de la PBA pudieron reconocer a diez grupos de éstos. A partir de ello iniciaron el rastreo a través de las empresas de telecomunicaciones, de la consulta de bases de datos institucionales, de los aportes del Registro Nacional de las Personas y de una importante actividad de detección de los perfiles de usuarios en fuentes abiertas.
Tras una ardua pesquisa, las y los investigadores de ambas fuerzas comprobaron la existencia de más de 200 números telefónicos pertenecientes a usuarios radicados en Argentina.
Por este motivo, la UFI N° 1 Descentralizada Berazategui, Departamento Judicial de Quilmes, a cargo de Ernesto Ichazo, ordenó realizar más de 100 allanamientos en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Córdoba, en Santiago del Estero, en Río Negro y en Santa Fe.
Las investigaciones fueron realizadas en conjunto entre las divisiones de la PFA mencionadas, las Agencias Regionales, el Departamento INTERPOL y la policía de la Provincia de Buenos Aires.
Además, tal como ha manifestado la titular de la cartera en cada Consejo de Seguridad Interior, es “en trabajo articulado entre Nación y provincias, así como en una fuerte vinculación con el trabajo del Poder Judicial que se puede lograr enfrentar al crimen organizado y desestructurar su capacidad delictiva”.
